Julián Quintana solicitó a la Fiscalía investigar el hostigamiento que vivieron los magistrados

El exdirector Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Julián Quintana, tomó la iniciativa de solicitar, a través de su cuenta en la red social X, que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación de oficio sobre los recientes sucesos que implican un asedio a la Corte Suprema de Justicia. Esta solicitud surge en respuesta a los hechos ocurridos durante una marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, la cual, buscaba ejercer presión sobre el proceso de elección del fiscal general de la nación.

El exfuncionario expresó su preocupación en un mensaje donde destacó: «La Fiscalía debe iniciar una investigación de oficio, ante la grave denuncia de los magistrados, quienes aseguran que fueron privados de su derecho a la libre locomoción, posible secuestro. Urgente identificar y judicializar a los responsables».

Este llamado a la acción se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un comunicado condenando el cerco impuesto al Palacio de Justicia en la capital del país. En su declaración, la Corte calificó la situación como un asedio que «además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país».

La Corte también hizo hincapié en su postura de defender el derecho a la protesta pacífica y la expresión de divergencias en los asuntos públicos de la nación, pero condenó enérgicamente el bloqueo violento e ilegal de su sede. Este acto, según la institución, pone en peligro los principios de independencia, autonomía e imparcialidad judicial, fundamentales para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.

En su comunicado, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinden las garantías necesarias que permitan el ejercicio de sus competencias y las de otros jueces colombianos sin «presiones, hostigamiento o amenazas».

Este incidente pone en cuestionamiento la integridad del sistema judicial colombiano y la influencia política en las decisiones de justicia, subrayando la importancia de la separación de poderes en una democracia. Es por esto que, se espera ahora la respuesta de la Fiscalía General de la Nación y las medidas que se tomarán para investigar y, de ser necesario, sancionar a los responsables de estos actos que han tensionado aún más el clima político y social en Colombia.