(DENUNCIA) Paloma Valencia pide indagación por contratos entre Colpensiones y RTVC por más de $60.000 millones

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia hizo pública una denuncia en la que solicita a los órganos de control investigar dos contratos suscritos entre Colpensiones y RTVC, cuyo valor conjunto asciende a 60.111 millones de pesos y que estarían relacionados con campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad.

Según la congresista, los acuerdos contractuales habrían sido celebrados mediante la modalidad de contratación directa y posteriormente ampliados tanto en monto como en plazo, lo que, a su juicio, podría vulnerar disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y el principio de anualidad presupuestal.

El primer contrato y sus adiciones

De acuerdo con la información divulgada por Valencia, el primer contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2023, pocos días antes de finalizar la vigencia fiscal de ese año. El valor inicial habría sido de 13.804 millones de pesos y su objeto contemplaba la prestación de servicios de publicidad para Colpensiones por parte de RTVC.

Inicialmente, el plazo de ejecución se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el contrato fue objeto de tres adiciones presupuestales y de ampliaciones en el tiempo de ejecución.

La primera adición se realizó el 25 de junio de 2024 por 6.000 millones de pesos. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2024 se adicionaron 11.252 millones de pesos. Finalmente, el 29 de agosto de 2025 se incorporaron 6.300 millones más. Con estas modificaciones, el contrato no solo incrementó su valor de manera significativa, sino que también amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

En total, las adiciones superarían el 100% del valor inicial del contrato. Valencia sostiene que esta situación podría exceder el límite establecido por la Ley 80, que permite adicionar hasta un 50% del valor originalmente pactado. Además, advierte que al comprometer recursos correspondientes a tres vigencias fiscales distintas, se podría estar afectando el principio de anualidad presupuestal, que establece que los recursos públicos deben ejecutarse dentro del año fiscal para el cual fueron apropiados, salvo las excepciones previstas en la normativa.

Un segundo contrato bajo cuestionamiento

La denuncia también incluye un segundo contrato firmado el 16 de julio de 2024, igualmente mediante contratación directa y sin proceso licitatorio, por un valor inicial de 9.795 millones de pesos. El objeto de este acuerdo habría sido diseñar e implementar una estrategia de marketing para la entidad administradora de pensiones.

Según Valencia, este contrato también fue objeto de una adición presupuestal por 12.959 millones de pesos, cifra que superaría el 50% permitido sobre el valor inicial. Al igual que el primer contrato, su vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con las sumas iniciales y las respectivas adiciones, el monto total de los dos contratos alcanzaría los 60.111 millones de pesos.

Solicitud a los órganos de control

Ante estos hechos, la candidata solicitó formalmente que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República inicien una investigación para establecer si hubo incumplimiento de las disposiciones legales en materia contractual y presupuestal.

En particular, pidió que se verifique si se respetaron los límites de adición establecidos en la Ley 80 y si la ejecución de recursos de distintas vigencias fiscales se ajustó a las normas que regulan el principio de anualidad. Asimismo, solicitó que se determinen eventuales responsabilidades fiscales o disciplinarias en caso de encontrarse irregularidades.

La Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia, establece que los contratos pueden ser modificados durante su ejecución, pero fija límites para las adiciones presupuestales. De acuerdo con el marco general, dichas adiciones no deben superar el 50% del valor inicial del contrato, salvo en circunstancias específicas previstas por la ley.

Por su parte, el principio de anualidad presupuestal, contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso deben ejecutarse dentro de la vigencia fiscal correspondiente, aunque existen mecanismos como las vigencias futuras que permiten comprometer recursos de años posteriores bajo condiciones previamente autorizadas.

Contexto y alcance de la denuncia

La denuncia se produce en un contexto de debate público sobre la transparencia en el manejo de los recursos de entidades estatales. Colpensiones es la administradora del régimen público de pensiones y maneja recursos de alto impacto social, mientras que RTVC es el sistema de medios públicos del país.

Hasta el momento, la solicitud de investigación se encuentra en manos de los órganos de control, que deberán evaluar la documentación contractual, las actas de modificación y los soportes presupuestales para determinar si las actuaciones se ajustaron al marco normativo vigente.

La controversia pone en el centro de la discusión la contratación directa entre entidades estatales y el alcance de las adiciones presupuestales, así como la necesidad de garantizar que los recursos públicos se administren bajo criterios de legalidad y transparencia.