Las presiones indebidas en la Alcaldía de Medellín ya son pan de cada día. Dicen los denunciantes que los amigos del alcalde Daniel Quintero, ahora actúan descaradamente, pues llegaron al colmo de no sugerir sino que ya piden los cargos de frente en reuniones en las que le dicen a la gente que lo mejor que pueden hacer es “renunciar”.
Pero ¿por qué este afán de quitar del medio desde contratistas, funcionarios, servidores y hasta presionar al personal que saben no pueden echar como los de carrera administrativa?
El tema tiene todos los tintes de la coyuntura entre la defensa del alcalde a los movimientos de revocatoria, el tema electoral del próximo año y el potencial de contratación de cada entidad.
Según las fuentes al interior de la alcaldía, los movimientos que se vienen haciendo tienen sustento en cuanto deben utilizar la burocracia que pueden manipular, para presionar los favores políticos que les permita que el alcalde no sea revocado, sino que si logra continuar en el cargo, que pueda tener el apoyo suficiente para gobernar. Para ello necesita: “puestos” y “plata”.
Las denuncias llegadas a IFMNTOCIAS.COM se cuentan por decenas. Cada caso tiene en común una presión indebida, un traslado para aburrir al funcionario, una exigencia para recolectar firmas y una reunión de por medio en la que se les dan discursos, a modo de lavado de cerebro para presionar la salida.
Los denunciantes recuerdan que sólo en la alcaldía 5.400 empleados, 10.600 profesores y más de 10 mil contratistas; esto sin contar personal de entidades descentralizadas y empresas del conglomerado. Pero los esfuerzos están enfocados en aquellas entidades y dependencias en las que se tiene mayor capacidad de manipular la contratación.
CASO DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN DESDE EL DESPACHO DEL ALCALDE
Además de la denuncia ya conocida referente al audio del subsecretario Santiago Preciado, en la que claramente presionaba a quienes trabajan en la Secretaría de Inclusión Social para la terminación de contratos por solicitud del secretario Juan Pablo Ramirez y revelada por IFMNOTICIAS.COM días atrás; se suman nuevas denuncias de presiones indebidas hacia los contratistas en otras dependencias.
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Según lo manifestado por los denunciantes, quienes son contratistas que se siente víctimas de estas presiones, una de las principales personas que viene ejerciendo las presiones indebidas, es la abogada INGRID VANESSA GONZÁLEZ MONTOYA, quien viene abordando a los funcionarios buscando que abandones sus contratos.
La joven abogada presta sus servicios a la Secretaría Privada del Alcalde Daniel Quintero y es señalada por sus víctimas, de ser la persona a cargo de abordar a los diferentes contratistas para presionarlos a finalizar anticipadamente sus contratos. Su cercanía con el alcalde, da a enrfender, que la orden tiene un origen directo conocido y es señalado estratégicamente desde el alto gobierno municipal.
La abogada sostiene un contrato de Prestación de Servicios profesionales, hecho de manera directa y viene siendo renovado desde enero de 2020, según reposa en los archivos de contratación de la propia alcaldía. Ese contrato con número 4600084654, está bajo las órdenes de la Secretaría Privada y del Despacho del Alcalde directamente.
| 241 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN CONTRATACIÓN DIRECTA SECRETARÍA PRIVADA | CÓDIGO DEL CONTRATO 4600084654 | Prestación de servicios profesionales en derecho para acompañar la gestión de la Secretaría Privada, Despacho Alcalde y Gabinete Municipal. | 31/01/2020 | $31.248.982 | SECRETARÍA PRIVADA |
González Montoya, quien acompaña al Alcalde desde tiempo atrás, al igual que muchos otros integrantes del equipo del Gobierno, hace uso de sus redes sociales para atacar el derecho constitucional de revocatoria del mandato, constituyéndose en otra de las hostigadores y promotoras de las amenazas, intimidaciones que vienen viviendo los voluntarios de la revocatoria, según lo vienen señalando desde los movimientos.
Llama la atención entre otras cosas, que una abogada penalista, sea la encomendada de dicha gestión, la misma que es señalada por los denunciantes-víctimas, como quien les chantajea con términos jurídicos y hasta amenaza con acciones legales en medio de las presiones.
LAS PRESIONES DE LA GESTORA SOCIAL
Pero las presiones intimidaciones no son recientes aunque sí se han arreciado en los últimos meses. En agosto del año pasado la esposa del Alcalde Diana Marcela Osorio Vanegas, quien se autodenominó como la Gestora Social, envió un comunicado a los colaboradores de la Alcaldía, en su mayoría de carrera administrativa, con un mensaje cuyo sentido era evidente…no pelear, no discutir, no confrontar, no opinar, no hablar.
Esta carta tuvo reacciones negativas y fuertes críticas por los empleados de carrera y quienes intentaron fijar su posición, fueron cambiados de puestos, degradados en sus funciones profesionales con el ánimo de aburrirlos y llevarlos a la depresión laboral.
En la actualidad muchos de los trabajadores de Carrera Administrativa son ignorados y relegados a fiunciones operativas que nada tienen que ver con sus profesiones, según señalan por orden de la Gestora, permaneciendo en cargos que no son de su resorte y deben aguantar el ser permanentemente hostigados.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Las denuncias llegadas a IFMNOTICIAS.COM también provienen de la Secretaría de Medio Ambiente, en donde según cuentan las víctimas, subordinados de la Secretaria de Medio Ambiente JULIANA COLORADO JARAMILLO, en días pasados se hicieron evidentes las fuertes presiones.
Colorado Jaramillo es una de las funcionarias del que cuentan los denunciantes tiene un proceso disciplinario en contra por abuso laboral. Sus tratos, hostigamientos, amenazas a los funcionarios y contratistas de su despacho son de conocimiento general con tratos denigrantes.
GERENCIA DE ÉTNIAS
Lo de la Gerente de Etnias FARLIN PEREA RENTERÍA, dicen los denunciantes, ha se pasa de castaño a oscuro del colmo y de la contradicción. Tras su fracaso en la aspiración al concejo, Perea Rentería llegó a integrar la Gerencia de Etnias en donde en su lucha por evitar la discriminación étnica, terminó siendo la mayor discriminadora.
Según los denunciantes y víctimas de Rentería, la funcionaria discrimina directamente a los empleados y funcionarios y filtra en cada contratación para su dependencia, a todo quien tenga color de piel clara. Contrario a lo esperado, Rentería ahora es acusada de discriminación reacial al ejercer, contrario la la ley, la práctica del racismo directo a todo el que no sea afrodescendiente.
La funcionaria pide a personal que los colaboradores de carrera que lleguen deben ser afros, rechaza las hojas de vida de quienes no sean afro para contratos de su despacho, tanto en personas como en empresas que no sean de afros y niega la igualdad de oportunidades a otro tipo de étnias. Es decir, tampoco le sirven los indígenas ni otro tipo de étnias si no son afrocolombianos.
Los casos de Colorado Jaramillo y Perea Rentería, rayaron también en la vulneración a la ley y existe contra ellas, acusaciones ante organismos de control con ocasión del paro nacional. Las funcionarias fueron acusadas por sus subalternos, de obligarlos a participar en las marchas de protesta, obligándolos a dejar de lado el ejercicio de sus funciones para convertirse en manifestantes, pese a las advertencias de la Fiscalía y la Procuraduría, evidencia de esto es el material fotográfico de su presencia en las marchas y los abundantes testimonios de los denunciantes y víctimas de ellas.
CASO INDER MEDELLIN
Pero tal vez el mas grave de los casos que incluye abuso laboral, presiones indebidas, amenazas de pérdida de empleo, chantajes de mantener los contratos a cambio de firmas de respaldo al alcalde entre otras acciones de abuso, es el del INDER.
IFMNOTICIAS.COM ya había dado cuenta de la exigencia del aporte de listados con firmas y cédulas de respaldo al alcalde, como requisito para renovar los contratos hasta diciembre. Esas firmas, denuncian las víctimas, serán cruzadas con las firmas de las planillas de la revocatoria y si alguien de esas listas aportados por el contratista firma la revocatoria, no le será renovado el contrato.
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A parte de estas denuncias, en el INDER se continuaron con otras modalidades de presión. El periodista Yamid López, por ejemplo, dejó en evidencia la falta de respeto por la estabilidad contractual de los trabajadores de dicha entidad.
En el mismo sentido, lo hizo la Veeduría Todos Por Medellín, que denuncia que a su Línea de Confianza llegaron denuncias en las que a los contratistas les estaban obligando a utilizar una plataforma tecnológica para registrar sus datos y su puesto de votación, mientras se reitera la denuncia de IFMNTICIAS.COM sobre la exigencia de listados con firmas en apoyo al alcalde.
No es entonces extraño, encontrar constantemente procesos judiciales contra el Alcalde Daniel Quintero como representante del Municipio de Medellín, como consta en esta consulta realizada a la rama judicial en fechas recientes, ya que incluso, según se desprende de las denuncias, se le escucha al mandatario local, referirse de forma despectiva a muchos de sus subalternos, manifestando de forma constante que él “no se reúne con funcionarios”.
El rechazo al alcalde ya no están solo en las calles y ahora es la propia alcaldía en sus dependencias y entidades adscritas, en donde la inconformidad altera el ambiente y son los propios empleados, contratistas, funcionarios de todo nivel, quienes manifiestan su molestia y rechazo al alcalde y el estilo con el que administra la ciudad.
A esto, se suman los señalamientos de presiones a algunos funcionarios para que hagan “torcidos” en la contratación en donde el único que terminaría investigado es el funcionario presionado, mientras que quienes ordenan esos “torcidos” ser protegen y buscan no dejar huella.
Así los denunciantes, señalan que se ven ahora chantajeados y obligados a cometer ilícitos en contrtaciones y desvíos de dineros so pena de ser trasladados y despedidos, como ya se han dado casos en la Secretaría de Participación Ciudadana, Gobierno, Inclusión Social y Cultura Ciudadana.
Nuevamente los denunciantes y víctimas solicitan a los organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, tomar cartas en el asunto, mientras el temor de los denunciantes víctimas crece, ante la amenaza de que su estabilidad laboral se vea afectada.
