Demandan ante el Consejo de Estado resoluciones que vinculan guerrilleros desmovilizados de FARC a la UNP

Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda que busca la nulidad de las resoluciones 019 y 020 del 15 de enero de 2026, expedidas por el Gobierno Nacional, mediante las cuales se ordenó la vinculación de cerca de 4.200 exintegrantes de las Farc como escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La acción judicial fue interpuesta por Josias Fiesco, político del partido Centro Democrático, quien además solicitó la adopción de medidas cautelares para que se suspendan provisionalmente los efectos de dichas resoluciones mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo sobre su legalidad.

Según el demandante, la medida implica el reemplazo de 4.200 escoltas actuales de la UNP por excombatientes, lo que, a su juicio, genera preocupaciones en materia de seguridad. “4.200 escoltas de la Unidad Nacional de Protección serán reemplazados por exguerrilleros de las FARC. Es la misma fórmula que ha utilizado la izquierda donde llega para eliminar a la oposición política. La gran diferencia, quienes sí tienen la formación militar para defender el país y quienes han tenido una carrera delictiva acabando con la vida de muchos colombianos”, manifestó Fiesco.

El activista señaló que su propósito es que el Consejo de Estado evalúe la legalidad de las resoluciones y determine si se ajustan al ordenamiento jurídico vigente. “He venido a demandar y solicitar las medidas cautelares de las resoluciones 019 y 020 del 15 de enero del 2026. Vamos a defender nuestro país con quienes le han prestado el servicio a Colombia, nuestras Fuerzas Militares y sus retirados y no con quienes en una cadena delictiva han acabado con muchas vidas de ciudadanos”, agregó.

La demanda abre un nuevo capítulo jurídico en torno a la política de reincorporación de excombatientes y su participación en entidades sensibles de la seguridad en el Estado en donde siempre se buscaba que no tuvieran antecedentes y sus hijas de vida fiables y transparentes. En este caso, el debate se centra en la UNP, entidad encargada de brindar esquemas de seguridad a dirigentes políticos, funcionarios públicos, líderes sociales, opositores y personas en riesgo.

Pero el debate también se alimenta de los antecedentes que se han tendido con excombatientes o guerrilleros desmovilizados de FARC ya vinculados, que han protagonizado escándalos por transporte de drogas, armamentos, personas con órdenes de captura, guerrilleros activos o entre otras irregularidades. Estas personas hay utilizado su investidura de escoltas de la UNP y sus vehículos blindados, para la comisión de delitos.

Corresponderá ahora al Consejo de Estado decidir si admite la demanda y si decreta o no las medidas cautelares solicitadas, mientras avanza el estudio de fondo sobre la validez de las resoluciones cuestionadas.