Defensoría del Pueblo pidió suspender diálogos con disidencias tras ataque a militares en Putumayo

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que rechazó de manera categórica los hechos ocurridos este 3 de septiembre en la vereda Siloé, del municipio de Villagarzón, Putumayo.

Durante una operación del Ejército Nacional contra un laboratorio de coca, dos militares fueron atacados por un grupo de civiles que, según reportes, habrían actuado bajo presión de los Comandos de la Frontera (CDF), estructura de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los uniformados resultaron con quemaduras de gravedad después de que fueran rociados con gasolina y prendidos en fuego en medio de una asonada.

El organismo señaló que lo ocurrido contraviene los principios de buena fe y los compromisos de desescalamiento de la violencia que deben guiar las conversaciones de paz con los grupos armados ilegales.

A través de un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, la Defensoría solicitó al Gobierno Nacional suspender temporalmente el proceso de diálogo con los CDF hasta que esa organización se comprometa a repudiar los hechos y a garantizar su no repetición.

De acuerdo con la información oficial, los militares atacados pertenecen a la Brigada de Selva 27 y al Batallón de Infantería de Selva 25. Tras la agresión, fueron trasladados a Florencia, Caquetá, donde recibieron atención médica y estabilización, aunque por la gravedad de las lesiones tendrán que continuar con un tratamiento especializado. La Defensoría expresó su solidaridad con los afectados y con sus familias.

El comunicado también hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones rigurosas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. La entidad informó que está verificando en terreno los hechos a través de su sistema de monitoreo, con el fin de garantizar acompañamiento institucional y apoyo a las víctimas.

Según cifras oficiales, en lo corrido del año ya se han registrado 30 asonadas contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país. Estos episodios han sido atribuidos en varios casos a la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados ilegales, lo que constituye un desafío adicional para la seguridad y para la protección de los derechos humanos.

El Ejército anunció que recopilará las pruebas necesarias para presentar denuncias formales en contra de quienes participaron en la agresión en Villagarzón. Por su parte, la Defensoría reiteró que la vigencia de cualquier proceso de paz requiere de gestos claros de respeto a la vida y de compromisos verificables de no repetición de hechos violentos.