Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por riesgo inminente en Ocaña, Ábrego, Río de Oro y González

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026 para los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el departamento del Cesar, ante el aumento de riesgos para la población civil derivados de la intensificación de la confrontación armada en la subregión del Catatumbo.

Según la entidad, la medida se adopta “en razón a la intensificación de la confrontación armada que comenzó en enero del 2025 en la subregión Catatumbo”, situación que, de acuerdo con la Defensoría, ha derivado en “una grave crisis humanitaria con múltiples vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)”.

La alerta se sustenta en tres dinámicas principales de disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que operan en la zona.

La primera corresponde a posibles reconfiguraciones y alianzas para realizar incursiones territoriales, en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, articuladas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). De acuerdo con el análisis de la Defensoría, las posibles alianzas se darían entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Pelusos’.

Una segunda dinámica se relaciona con la expansión de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia el sur del Cesar, lo que incrementaría el riesgo de enfrentamientos con el ELN. Según el documento, este avance incluiría zonas de Ocaña y Río de Oro con el objetivo de controlar corredores estratégicos como la Ruta del Sol y acceder a rentas derivadas de economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.

La tercera dinámica advertida por la Defensoría está asociada con la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), especialmente en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, en particular en el corregimiento Agua de La Virgen.

De acuerdo con el análisis en terreno realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el riesgo para la población civil se concentra en varios corregimientos y zonas urbanas de los municipios señalados.

En Ocaña, la alerta incluye los corregimientos Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta, Aguas Claras, Agua de La Virgen, Buena Vista, Mariquita, Otaré y La Ermita, además de las comunas 1, 5 y 6 en el casco urbano.

En Ábrego, el riesgo se extiende a la cabecera municipal y a los corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz.
Para el municipio de Río de Oro, la advertencia incluye el casco urbano y los corregimientos El Salobre, El Gitano, Sanín Villa, Los Ángeles, Montecitos, Centro Poblado El Marqués, Once Reces, Cruce de Patiño y Diego Hernández. En González, el riesgo se concentra en la cabecera municipal.

La Defensoría advirtió además sobre las consecuencias humanitarias que ya se registran en la región. Según la entidad, los grupos armados ilegales ejercen control sobre la población mediante retenes ilegales, controles en vías secundarias, requisas y la imposición de normas de conducta.

El Sistema de Alertas Tempranas también documentó casos de estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, quienes han sido señaladas en redes sociales como presuntas colaboradoras de bandos contrarios. Según la Defensoría, este tipo de señalamientos tiene como objetivo restringir su participación política.

En materia de infracciones al derecho internacional humanitario, la entidad reportó el uso de métodos de guerra prohibidos, entre ellos drones acondicionados con artefactos explosivos en los sectores Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Estos ataques han causado daños a bienes civiles y generado temor en las comunidades.
También se registró el uso de vehículos con explosivos, como el atentado contra el Batallón de Infantería 15 en Ocaña, así como la instalación de artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta.

Durante 2025, Ocaña reportó un aumento significativo de homicidios en un contexto en el que Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto humanitario también se refleja en el desplazamiento forzado: en los primeros meses de ese año, el municipio atendió a 18.538 personas desplazadas, correspondientes a 4.851 familias provenientes de diferentes zonas del Catatumbo.

La Defensoría señaló además que existen riesgos específicos para varios grupos poblacionales. Entre ellos, niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado, uso ilícito y violencia sexual, como el caso documentado en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro.

También se identifican riesgos para mujeres y lideresas sociales, quienes enfrentan persecución, amenazas digitales y violencia basada en género en medio de la disputa territorial.

A esto se suma la situación de comerciantes, ganaderos y transportadores, quienes enfrentan riesgos de secuestro y extorsión para financiar las estructuras armadas ilegales. La alerta también advierte afectaciones reiteradas contra personas firmantes del Acuerdo de Paz en medio de la escalada de la confrontación.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo incluyó en la ATI 006 de 2026 un total de 14 recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las gobernaciones de Norte de Santander y Cesar, así como las alcaldías de los municipios en riesgo.

Las recomendaciones buscan activar respuestas institucionales orientadas a la disuasión de las amenazas, la protección de poblaciones vulnerables, el avance en investigaciones judiciales por homicidios y secuestros, y la atención humanitaria integral para las personas desplazadas.

La entidad señaló que estas acciones deben implementarse bajo una perspectiva de seguridad humana y con estricto respeto por los derechos humanos.