Defensoría advirtió aumento de municipios en riesgo electoral: 433 están en llamado prioritario

Un nuevo informe de seguimiento a la alerta electoral emitida en octubre de 2025 encendió nuevamente las alarmas sobre las condiciones de seguridad y garantías para el proceso democrático en el país. Según reveló Caracol, estos serían los datos actualizados del monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la clasificación de niveles del “Llamado a la Acción Estatal”, 69 municipios se encuentran en llamado a la acción inmediata en el índice de riesgo (I.S), mientras que 168 están en nivel urgente y 433 en llamado prioritario. Además, 195 municipios permanecen en observación permanente y 257 en acción ordinaria.

En el componente de alerta temprana (A.T.), el informe detalla que 62 municipios están en llamado inmediato, 162 en urgente, 425 en prioritario, 216 en observación permanente y 257 en acción ordinaria.

Recomendaciones al Estado

El documento también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado para mitigar los riesgos identificados.

En primer lugar, pide una “Coordinación de la respuesta rápida”, insistiendo en que “una respuesta estatal organizada, oportuna y efectiva reduce los riesgos electorales”. En ese sentido, se solicita al Ministerio del Interior articular acciones con planes claros, responsables definidos y resultados verificables tanto a nivel nacional como territorial.

Asimismo, plantea la “Disuasión de la amenaza y garantías de seguridad”, subrayando que “ningún actor armado puede interferir o condicionar el proceso electoral”. La recomendación incluye reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas de riesgo y garantizar la protección de candidatos y comunidades.

Otro de los puntos clave es la “Prevención y protección de candidaturas y población en riesgo”, con el objetivo de “garantizar que todas las personas puedan participar en política sin amenazas ni restricciones”, incluyendo liderazgos sociales, víctimas y firmantes de paz.

En materia judicial, el informe enfatiza la “Investigación y judicialización de los delitos electorales”, advirtiendo que “quien amenace, presione o ataque el proceso electoral debe ser investigado y sancionado”. La solicitud está dirigida a fortalecer la acción de la Fiscalía frente a posibles hechos de violencia o interferencia.

También se hace un llamado al “Fortalecimiento de la participación y confianza ciudadana”, buscando que “toda la ciudadanía pueda participar en condiciones reales de igualdad”, especialmente en zonas rurales y territorios afectados por el conflicto.

Finalmente, el documento insiste en la “Vigilancia y control institucional”, señalando que “el Estado debe rendir cuentas y responder por la protección del proceso electoral”, con seguimiento a cargo de los organismos de control.