Este miércoles, la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá decidirá si Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las Regiones, es enviada a la cárcel El Buen Pastor.
La decisión será clave en el proceso penal que adelanta la justicia en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía, Ortiz habría transportado y entregado $3.000 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name, entre el 12 y el 13 de octubre del año pasado.
La investigación cuenta con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de evidencias como fotos, facturas y rastreo satelital de vehículos blindados. Estas pruebas podrían ser determinantes para una eventual condena de Ortiz por lavado de activos y tráfico de influencias.
La Fiscalía también busca que Ortiz colabore con la justicia, revelando información sobre sus supuestos cómplices y la persona que habría ordenado la entrega del dinero en efectivo a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Según las declaraciones de López y Pinilla, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, podría ser la persona detrás de estas instrucciones.
Paralelamente, la Fiscalía enfrenta críticas por su gestión en este caso. Aunque desde junio cuenta con testimonios y documentos que vinculan a exfuncionarios de alto nivel, como Carlos Ramón González, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exdirector de la Función Pública César Manrique, ninguno de ellos ha sido llamado a rendir declaración.
El impacto político del escándalo también se percibe en el Congreso, donde la Reforma Tributaria y la reforma a la salud enfrentan dificultades para avanzar. El caso podría influir en el trámite de estos proyectos promovidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión de la juez en torno a Sandra Ortiz será determinante para el desarrollo del proceso penal y las implicaciones jurídicas y políticas asociadas al escándalo de corrupción en la UNGRD.
