Daniel Quintero interpuso acción de tutela contra la Registraduría Nacional por presunta vulneración de derechos políticos

El exalcalde de Medellín, quien hoy enfrenta una imputación por presuntos hechos de corrupción, Daniel Quintero Calle, presentó una acción de tutela ante la jurisdicción constitucional contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales y políticos. La acción fue radicada el 21 de octubre de 2025 en Bogotá, en un escrito firmado por su apoderado, el abogado Eli Shnaider Brener.

El recurso judicial solicita la protección inmediata de los derechos de Quintero, sustentados en la Constitución Política y en la normatividad vigente que regula el mecanismo de tutela. En la presentación del documento se indica que la acción se formula “a fin de obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales y Constitucionales de mi prohijado, los cuales fueron vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Según el escrito, la supuesta vulneración deriva de la decisión consignada en el oficio identificado como “420 – RDE – DGE” del 14 de octubre de 2025, notificado vía correo electrónico un día después, firmada por la Registraduría Delegada en lo Electoral. Esta decisión, cuya naturaleza no se detalla en el documento inicial, habría afectado la posibilidad de participación política del exmandatario local.

De acuerdo con el abogado apoderado, el objetivo de la tutela es salvaguardar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y conciencia, la libertad individual, el debido proceso administrativo, así como la libertad política y de asociación. Estos derechos, señala el texto, se encuentran consagrados en distintos artículos de la Constitución.

En el escrito se expone que dichas garantías se ven comprometidas “cuando una autoridad administrativa, en el caso presente la Registraduría Nacional del Estado Civil, adopta decisiones arbitrarias que desconocen la autonomía personal, la libertad política y los principios que rigen la función administrativa”.

La tutela también hace referencia a derechos vinculados a la participación política, como la afiliación a un partido, el otorgamiento de avales y el acceso a la administración de justicia. Todo ello en el marco de la presunta afectación de la actividad política de Quintero.

El accionante solicita que el juez constitucional de reparto analice de manera urgente la actuación administrativa mencionada y restablezca sus derechos en caso de encontrar la vulneración alegada.