¿Cuáles son las funciones de los testigos electorales en las elecciones de 2026?

En las jornadas electorales en Colombia, además de jurados de votación, autoridades electorales y ciudadanos habilitados para sufragar, participa una figura encargada de observar el desarrollo del proceso en cada mesa: el testigo electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil los define como veedores del proceso que cumplen una función pública transitoria en representación de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos.

Su papel consiste en observar las diferentes etapas de la votación y del conteo de los votos con el fin de verificar que los procedimientos se desarrollen conforme a las normas electorales. Aunque no hacen parte de la organización electoral ni sustituyen a los jurados de votación, su presencia está contemplada dentro de los mecanismos de control del sistema.

Un testigo electoral es una persona designada por una colectividad política para vigilar el desarrollo de la jornada en una mesa específica. Su función se centra en observar la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación, el cierre de la jornada y el proceso de conteo y diligenciamiento de los formularios oficiales. También pueden revisar documentos como el formulario E-14, que contiene el registro de los votos contabilizados.

En Colombia existen más de 100.000 mesas de votación en elecciones nacionales. Cada partido o movimiento político puede acreditar un testigo por mesa, lo que significa que, si todas las organizaciones políticas cubren los puestos de votación, el número de testigos podría ascender a cientos de miles en todo el país.

Desde el Consejo Nacional Electoral se ha señalado la intención de que las más de 125.000 mesas previstas para los comicios estén acompañadas por testigos designados por las organizaciones políticas.

Para ejercer este rol, los ciudadanos deben ser postulados por un partido o movimiento político, que es el encargado de registrarlos ante la autoridad electoral. La inscripción se realiza a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral. Una vez completado el proceso, el testigo recibe una acreditación oficial con un código QR que es verificado al ingresar al puesto de votación.

Entre los requisitos para desempeñar esta función se encuentra estar habilitado para votar, no ser jurado de votación, no tener inhabilidades legales y contar con la acreditación expedida por la autoridad electoral. Los testigos no son funcionarios públicos ni reciben salario del Estado, aunque algunas campañas pueden cubrir gastos de transporte o alimentación.

Durante la jornada electoral pueden presentar reclamaciones ante los jurados si detectan inconsistencias en los procedimientos o en los registros del conteo. Estas reclamaciones pueden incluir solicitudes de revisión de actas o constancias escritas cuando se identifiquen errores en los formularios o en el registro de los votos.

Los testigos no pueden manipular votos, intervenir en las decisiones de los jurados, realizar propaganda política, presionar a los votantes ni participar en actividades de campaña dentro del puesto de votación.

En procesos electorales anteriores, las observaciones realizadas por testigos han derivado en revisiones durante los escrutinios. En las elecciones legislativas de 2022, reportes sobre inconsistencias en formularios E-14 llevaron a la revisión de múltiples mesas durante el conteo oficial.

Para las elecciones de 2026, el Consejo Nacional Electoral implementó herramientas digitales para el registro y acreditación de estos actores. La plataforma permite a los partidos cargar directamente la información de sus testigos y hacer seguimiento a su ubicación durante la jornada electoral. Cada testigo podrá registrar información y reportar fotografías de los formularios E-14 una vez finalizado el conteo, con el fin de contrastar los resultados consignados en las actas.

Las autoridades electorales también habilitaron herramientas digitales para el seguimiento de la financiación de campañas, como la aplicación Cuentas Claras, que centraliza el registro de ingresos y gastos reportados por los partidos y movimientos políticos durante el proceso electoral.