Consejo de Estado estudiará demanda contra elección de Carlos Camargo como Magistrado de la Corte

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que pretende anular la elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como magistrado de la Corte Constitucional.

La acción judicial cuestiona la legalidad del proceso y plantea posibles irregularidades en la conformación de la terna que llevó a su designación.

Actualmente, el alto tribunal ha recibido ocho demandas con argumentos similares, centrados en dos puntos principales: la supuesta vulneración de la ley de cuotas de género y la existencia de posibles conflictos de interés en la nominación de Camargo. Según los demandantes, la composición actual de la Corte, con un 66% de magistrados hombres frente a un 33% de mujeres, contraviene la normativa que busca garantizar la equidad de género en los órganos colegiados del Estado.

Con la admisión del recurso, tanto Camargo como el Senado de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tendrán que responder a los señalamientos planteados. El trámite hace parte de la competencia de la Sección Quinta, encargada de asuntos electorales dentro del Consejo de Estado.

Uno de los aspectos adicionales en discusión es el impedimento manifestado por el magistrado Ómar Joaquín Barreto, a quien inicialmente se le había asignado el caso. Barreto solicitó apartarse del proceso, argumentando su amistad de más de dos décadas con el magistrado electo, lo que, de acuerdo con la normativa, podría comprometer su imparcialidad.

Las demandas también señalan actuaciones previas de Camargo en cargos públicos. Entre ellas, su renuncia antes de culminar algunos periodos, lo cual, según los demandantes, buscaba evitar inhabilidades para ocupar nuevos cargos.

Igualmente, se le atribuye haber nombrado a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia mientras se desempeñaba como Defensor del Pueblo. Estos vínculos corresponderían a parientes directos de nueve de los 22 magistrados que luego intervinieron en su nominación, lo que representa cerca del 41% de la corporación.

Los escritos también indican que Camargo habría otorgado contratos a familiares de congresistas que más tarde respaldaron su elección. En uno de los casos mencionados, se señala a la senadora Esperanza Andrade, cuyo núcleo familiar habría recibido contratos por 200 millones de pesos antes de que la legisladora votara a favor de su elección en el Senado.

Según los demandantes, estas circunstancias tuvieron impedir la participación de varios magistrados de la Corte Suprema en la votación de la terna. Un texto entregado al Consejo de Estado sostiene que el Senado votó sin tener información completa sobre la conformación del listado, lo que afectó la posibilidad de un debate público informado.

La terna de la cual resultó elegido Camargo también estaba integrada por los juristas Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar.

El estudio de estas demandas podría sentar un precedente en temas relacionados con la aplicación de la ley de cuotas de género, los conflictos de interés en la conformación de ternas y la transparencia en los procesos de elección de magistrados de altas cortes.