Conozca la denuncia a Diego Cancino, director de la SAE por presunto acoso sexual

La reciente designación de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha quedado envuelta en polémica tras la denuncia de acoso sexual presentada por Viviana Vargas, una contratista del Ministerio del Interior.

Vargas alega que el pasado 9 de octubre, durante una reunión con Cancino en su apartamento en Bogotá, intentó sobrepasarse, pese a que ella le dejó claro que su interés era únicamente laboral.

Vargas sostiene que, buscando oportunidades laborales tras la finalización de su contrato en el Ministerio del Interior, accedió a una cita con Cancino para discutir temas de trabajo relacionados con la defensa de derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, según su relato, Cancino intentó en múltiples ocasiones invadir su espacio personal y realizar comentarios inapropiados, incluso llegando a hacer tocamientos sin su consentimiento.

«Incluso en la denuncia está muy claro y accedió a mi espacio físico y fue abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos. Eso es acceder a mi espacio físico, y si eso no es acceder a mi espacio físico, entonces no sé qué lo sea para el país”, declaró Vargas, quien subraya que no está buscando cargos ni remuneración económica, sino alzar la voz para prevenir que otras mujeres pasen por lo mismo.

Cancino responde, pero niega acoso sexual

En respuesta a las acusaciones, Cancino emitió un comunicado en el que lamenta “cualquier conducta que haya resultado ofensiva”, pero niega haber cometido acoso sexual.

Según Cancino, en el encuentro participaron amigos de Vargas, quienes llegaron a la reunión posteriormente; sin embargo, Vargas asegura que la presencia de sus conocidos fue solicitada debido al comportamiento de Cancino mientras estaban solos.

“Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde hace varios años», expresó Cancino. Aseguró que colaborará con la justicia en cualquier investigación que se adelante en su contra para esclarecer los hechos y sostuvo que en ningún momento intentó acosarla.

Un patrón de denuncias en figuras públicas

Este caso se suma a una serie de acusaciones recientes contra políticos y figuras públicas en Colombia, entre ellos Víctor de Currea-Lugo, Armando Benedetti y Hollman Morris, quienes también han sido señalados de presunto abuso de poder y conductas inapropiadas.

La denuncia de Vargas ha desatado reacciones de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, que ven en estos casos un reflejo de la falta de equidad y respeto hacia las mujeres en posiciones de poder o de subordinación laboral.

Llamado a la Presidencia y al Gobierno

Vargas ha manifestado que, aunque no busca influir en el nombramiento de Cancino como director de la SAE, considera importante que el presidente Gustavo Petro se pronuncie sobre el caso.

“Que lo dejen o no lo dejen posicionar no es mi preocupación, pero sí me parecería importante que el presidente se pronuncie al respecto”, afirmó Vargas, quien desea que su denuncia genere conciencia sobre el problema estructural de abuso de poder en el país.

Mientras tanto, el debate sobre la impunidad y la forma de manejar estos casos en Colombia sigue en auge.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, recientemente defendió una reforma judicial que busca judicializar a los abusadores de menores de edad con condenas más efectivas, aunque la propuesta también contempla reducciones en las penas para quienes acepten su culpabilidad en casos de abuso, homicidio o lesiones a menores, en un intento de incentivar la admisión de responsabilidad y evitar la impunidad.

«Lo que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad y desde ese punto de vista las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja, pero la pena mínima son 14 años», señaló.

La denuncia contra Cancino, en medio de estas reformas y polémicas, ha planteado una interrogante sobre el compromiso de las instituciones para erradicar el abuso de poder y garantizar un entorno seguro para las mujeres en todos los niveles de la administración pública.

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