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(CONFIDENCIAL) Superintendencia de Salud estudia la propuesta de desmonte gradual de EPS Sura mientras se le agota el plazo

A la Superintendencia de Salud se le está acabando el plazo para responder, mientras continúa su análisis detallado de la propuesta presentada por la EPS Sura para desmontar gradualmente sus servicios y liquidar la entidad, un movimiento que podría dejar sin cobertura a más de 5.5 millones de usuari

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Redacción IFM
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(CONFIDENCIAL) Superintendencia de Salud estudia la propuesta de desmonte gradual de EPS Sura mientras se le agota el plazo

A la Superintendencia de Salud se le está acabando el plazo para responder, mientras continúa su análisis detallado de la propuesta presentada por la EPS Sura para desmontar gradualmente sus servicios y liquidar la entidad, un movimiento que podría dejar sin cobertura a más de 5.5 millones de usuarios y obligar a su traslado o reacomodo.

Según fuentes confidenciales de IFMNOTICIAS dentro de la Superintendencia, la entidad respondería al finalizar su plazo con la confirmación de la recepción correcta de la documentación y el cumplimiento de los requisitos iniciales, pero la respuesta oficial aún no sería emitida, por lo que la Supersalud, pediría una extensión del plazo para dar respuesta definitiva, según lo permita el Decreto 780 de 2016.

El plan de desmonte gradual de Sura se debe a las dificultades financieras que enfrenta la EPS, situación a la que ha llegado, en gran parte, por las políticas del mismo gobierno. Sura considera que el negocio ya no es rentable en el actual sistema de salud, por lo que solicitó el desmonte responsable y gradual de la EPS, haciendo que el Gobierno, deba asumir importantes retos logísticos y financieros asociados a este proceso.

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Fuentes dentro de la Superintendencia han señalado extraoficialmente que, aunque la propuesta de Sura cumplió con los requisitos formales, la entidad necesita más tiempo para analizar a fondo las implicaciones del desmonte, en especial la reubicación de millones de afiliados. Este proceso no solo involucra la viabilidad de transferir a los usuarios a otras EPS, sino también la compleja logística que enfrentaría el gobierno, que en la actualidad tiene a varias de estas entidades bajo intervención, limitando su capacidad de recibir nuevos afiliados.

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El análisis también incluye la revisión del costo de implementar este plan de desmonte y el impacto que podría tener en la estabilidad del sistema de salud, ya que el traslado masivo de usuarios presenta un desafío sin precedentes. A pesar de la entrega de toda la documentación requerida, la Superintendencia aún no se ha comprometido con aceptar la propuesta de Sura en su totalidad, y no se descarta que pidan tiempo adicional, amparados por la normativa vigente, para seguir evaluando la situación, pedir más documentación o detalles del proceso en el cronograma, aunque la tendencia sería la de negar la solicitud.

Algunos congresistas han mostrado escepticismo ante esta posibilidad de solicitud de más tiempo, sugiriendo que la Superintendencia podría estar intentando ganar margen para implementar un “Plan B”, que evitaría la liquidación de Sura mediante una intervención directa. Esta intervención, que podría ser la única salida viable para proteger a los usuarios, permitiría que el gobierno tomara control de la EPS y gestionara la continuidad de los servicios sin tener que trasladar a ningún usuario, más cuando las EPS que podrían asumirlos, tienen limitantes jurídicas para poder hacerlo. El temor de los congresistas, es porque “ya se ha visto el comportamiento ventajoso del Gobierno de Gustavo Petro”, según señalan

Aunque la Superintendencia no se ha pronunciado sobre esta teoría, la coincidencia del estudio de la propuesta de Sura con el debate en el Congreso de la reforma a la salud ha generado también más especulaciones. Algunas voces sugieren que “el gobierno podría estar buscando dilatar la decisión hasta que la reforma sea aprobada”, permitiendo integrar el proceso de desmonte de Sura en el nuevo marco legal y garantizar una transición más ordenada. Según señalan, hacen cálculos de tiempo entre el proceso de desmonte y la aprobación y puesta en marcha de la ley.

Lo que es claro hasta el momento es que el futuro de los millones de usuarios de Sura, así como del sistema de salud colombiano, permanece en el limbo. Las próximas semanas serán cruciales para definir si se permite a Sura avanzar con su plan de liquidación o si el gobierno intervendrá para proteger la estabilidad del sistema y la atención de los pacientes.

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