Cuatro años de terrorismo que no podemos olvidar

Por Jaime Restrepo Vásquez

El pasado 28 de abril, los máximos cabecillas del Pacto Histórico trataron de evitar una nueva jornada de disturbios, anarquía y terrorismo en el país. A través de Twitter, quisieron impedir que sus engendros salieran a las calles a vandalizar y destruir.

Desde Gustavo Petro, pasando por la recua de tuiteros comunistas, hasta el videógrafo Gustavo Bolívar y la desgracia de alcalde que tenemos en Medellín, intentaron detener aquello que crearon, dirigieron y exacerbaron durante cuatro años. Los narcocomunistas saben que, en plena campaña presidencial, no deben concitar el rechazo de los votantes.

Es que, en el colmo del cinismo y del irrespeto a la inteligencia y memoria de la ciudadanía, se atrevieron a decir que la convocatoria del 28 de abril era una estrategia de las fuerzas que apoyan al candidato Federico Gutiérrez, para enlodar la «inmaculada» campaña que, todos sabemos, es un enorme concierto para delinquir narcocomunista.

Es cierto que en Colombia padecemos de una memoria corta y por eso es bueno recordar que, en 2018, Gustavo Petro no reconoció a Iván Duque como presidente y ordenó la movilización de las huestes terroristas que han sido incubadas en las universidades públicas del país. De hecho, el presidente no completaba los 100 primeros días de gobierno, cuando los pichones revolucionarios convocaron un paro nacional universitario.

Así, entre el 10 de octubre y el 16 de diciembre de ese año, los vándalos hicieron de las suyas para protestar, según decían, por la financiación de la educación pública. Lo cierto es que era un pretexto para desestabilizar al país y mantener a la nación en zozobra, tratando de conservar la vigencia de Gustavo Petro en las mentes de los colombianos.

En 2019, la campaña presidencial de Petro siguió con la escalada de violencia y destrucción en las calles de Colombia. Para tal fin, convocaron un nuevo Paro Nacional para el 21 de noviembre. En esa oportunidad, la oposición se reunió en el autodenominado Comité Nacional de Paro, justificando las jornadas de violencia en el descontento «popular» frente a las políticas de Duque, malestar que fue atizado justamente por los que lideraban el tal paro. Es importante recordar que Daniel Quintero Calle reconoció que había coordinado esas asonadas en Medellín.

Un año después, en septiembre de 2020 y en plena pandemia, el asesinato de Javier Ordoñez en un CAI de la Policía fue la excusa perfecta para incendiar el país. Liderados por los mismos opositores de siempre, lanzaron a sus huestes a una orgía de violencia, muerte y destrucción en todo el territorio nacional. De esas jornadas, que se prolongaron hasta diciembre, salió el «mártir» Dilan Cruz.

Y llegó el 2021. Aunque los simpatizantes del narcocomunismo lo crean, los recursos del Estado no salen de una impresora de billetes, sino del esfuerzo tributario de los ciudadanos. De hecho, el pacto habanero con las FARC es un pozo sin fondo por donde se desperdiciarán cerca de 140 billones antes de 2030. En otras palabras: para esa arbitrariedad, y para sostener el «estado de bienestar» que anhelan –el del parasitismo y la cuadriplejía social– se necesitan impuestos.

Pero era la excusa perfecta, en medio de una pandemia, para lanzar a las calles a sus hordas de vándalos y terroristas. Y lo hicieron. Desde el 28 de abril de 2021, y hasta agosto de ese mismo año, bloquearon las carreteras y las calles de todas las ciudades del país, destruyeron la infraestructura y el mobiliario urbano, saquearon, asesinaron y aniquilaron la incipiente recuperación económica. Las consecuencias de esa toma terrorista, todavía las estamos padeciendo.

El Pacto Histórico, con Daniel Quintero Calle como jefe de debate en Antioquia, pretende desconocer su liderazgo y participación en los cuatro años de terrorismo urbano que hemos sufrido desde 2018. Ahora, en un nuevo acto de cinismo y deformidad moral, salen a desconocer sus «logros», pues ya saben que la ciudadanía está harta de la denominada protesta social. Por eso, ante el rechazo, quisieron lavarse las manos e impedir que sus pichones emprendieran sus acostumbradas y bien planificadas asonadas.

Finalmente, que Colombia no se sumergiera en una nueva espiral de violencia urbana, debido a las órdenes impartidas por el alto mando del Pacto Histórico, demuestra, de forma inequívoca, el liderazgo de esa agremiación criminal –disfrazada de movimiento político– en los 4 años de inestabilidad y zozobra que ha vivido Colombia. El castigo por semejante afrenta contra el bienestar de los colombianos debe concretarse en las urnas.