‘Walter Mendoza’ pidió a Abelardo de la Espriella continuar los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

El jefe guerrillero conocido como ‘Walter Mendoza’ hizo llegar al Gobierno Nacional una solicitud formal para continuar los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB, en una comunicación en la que plantea avanzar hacia un proceso de acercamiento institucional y diálogo con la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

La carta, fechada el 3 de septiembre de 2026, está dirigida al presidente de la República y también al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González; al senador Enrique Gómez Martínez; y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. En el documento aparecen además las firmas de José Vicente Lesmes, quien se identifica como coordinador nacional de la CNEB, la abogada Angélica María Martínez Cujar y el abogado Leonardo Olmedo Cabrera Riascos.

La comunicación busca que el nuevo Gobierno mantenga abierta la posibilidad de interlocución con esta estructura armada y plantea una serie de condiciones y asuntos que, según sus promotores, deberían hacer parte de una eventual agenda de conversaciones.

Entre las primeras solicitudes aparece la petición de que el presidente reciba formalmente la manifestación de voluntad de acercamiento de la organización. "Recibir formalmente esta manifestación de voluntad de acercamiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano – CNEB", señala uno de los puntos de la carta.

El grupo también solicita al Ejecutivo designar una comisión o un delegado que permita establecer "un canal institucional, serio, directo y verificable de comunicación". La propuesta busca que esa interlocución tenga un carácter formal y sirva como mecanismo para explorar los términos de una eventual continuidad de los diálogos.

Uno de los principales componentes de la propuesta está relacionado con las comunidades afectadas por la violencia. La CNEB plantea abrir un espacio de diálogo para construir una agenda que priorice la protección de la población civil y de los territorios, al tiempo que propone incorporar asuntos relacionados con verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación a la vida civil.

La atención a las víctimas ocupa igualmente un lugar central en la comunicación. Los firmantes solicitan que las personas y comunidades afectadas tengan la posibilidad de participar y ser escuchadas dentro de cualquier escenario que eventualmente se construya.

"Sabemos que existen heridas profundas", afirma el documento, que también reconoce que "existen víctimas que esperan respuestas" y familias que todavía esperan conocer la verdad sobre hechos derivados de la violencia.

La propuesta no se limita a los asuntos judiciales o políticos. También contempla programas sociales dirigidos especialmente a niños, niñas y jóvenes de las zonas afectadas, con énfasis en educación, empleo, emprendimiento y proyectos productivos. El objetivo planteado es generar condiciones para quienes eventualmente busquen "transitar hacia la vida civil".

Otro de los puntos planteados por ‘Walter Mendoza’ y los demás firmantes es la creación de mecanismos de seguimiento y verificación que permitan establecer si los compromisos adquiridos producen resultados concretos en los territorios. La carta propone que estos instrumentos sirvan para evaluar tanto los avances del proceso como su impacto sobre las comunidades.

Los promotores de la iniciativa hacen énfasis en que su comunicación no debe interpretarse únicamente como una petición dirigida al Ejecutivo. "Esta comunicación no debe entenderse únicamente como una solicitud dirigida al Gobierno", sostiene el documento, para luego señalar que debe asumirse como "una manifestación de voluntad frente a Colombia y frente a nuestras comunidades".