Traslado de afiliados entre EPS sin pago de deudas pondría en riesgo a clínicas y hospitales: gremio de IPS

La implementación del Decreto 0182 de 2026 podría generar riesgos para la estabilidad de la red de clínicas y hospitales del país si no se garantizan previamente los pagos de las deudas que las EPS mantienen con los prestadores de servicios de salud. Así lo advirtió la Unión de IPS de Colombia, que pidió al Gobierno establecer mecanismos claros para proteger la sostenibilidad financiera del sistema.

En un pronunciamiento fechado el 10 de marzo de 2026, el gremio alertó que el traslado de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS) sin el saneamiento de las obligaciones pendientes podría trasladar el impacto financiero directamente a las clínicas, hospitales y centros médicos que ya prestaron servicios a los pacientes.

“Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, el riesgo lo terminan asumiendo las clínicas y hospitales que atienden a los pacientes”, señaló la organización.

De acuerdo con la Unión de IPS, la reorganización territorial del aseguramiento y el eventual traslado de usuarios entre EPS debe estar acompañado de garantías financieras reales. De lo contrario, advierten, se podría afectar la sostenibilidad de la red prestadora y, en consecuencia, la continuidad de la atención a los pacientes.

“La reorganización del aseguramiento no puede significar que las IPS asuman las deudas del sistema. Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, se pone en riesgo la operación de los prestadores y, en consecuencia, la atención de los pacientes”, indicó el gremio.

El documento también señala que cuando una EPS reduce o retira su operación en una región, con frecuencia deja obligaciones pendientes con las instituciones prestadoras de salud, lo que agrava los niveles de cartera vencida que ya enfrentan muchas clínicas y hospitales en el país.

Además, el gremio expresó preocupación por la posibilidad de que los afiliados sean trasladados a EPS que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención administrativa, lo que podría generar escenarios en los que en algunos territorios solo quede una aseguradora operando.

En este contexto, la Unión de IPS envió una comunicación formal al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud solicitando que se adopten medidas concretas dentro de la implementación del decreto.

Entre las propuestas del gremio están la verificación previa de las deudas entre EPS e IPS antes de autorizar traslados de afiliados, la adopción de planes obligatorios de pago de cartera supervisados por la Superintendencia y la creación de mecanismos de garantía financiera que respalden las obligaciones pendientes.

“El traslado de usuarios debe ir acompañado de garantías financieras reales. Sin pagos oportunos y sin reglas claras de contratación, la red prestadora en las regiones podría verse seriamente afectada”, advirtió la organización.

Finalmente, el gremio insistió en que la estabilidad del sistema de salud no depende únicamente de las aseguradoras, sino también de la sostenibilidad financiera de quienes prestan directamente los servicios.

“La estabilidad del sistema de salud depende no solo de las EPS, sino también de que las clínicas y hospitales tengan condiciones financieras que les permitan seguir prestando los servicios a los colombianos”, concluyó.