En Colombia ser menor es un riesgo: Defensoría del Pueblo

Según la Defensoría del Pueblo alrededor de 148 000 habitantes de Yopal, capital de Casanare, y del municipio de Aguazul, están en alto riesgo de vulneración de sus derechos debido a la acción de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, quienes estarían buscando retomar el control en esa región de Colombia.

Por lo anterior, el Ministerio Público emitió la Alerta Temprana 023-2023, en la que detalla los factores de amenaza que representan estos grupos armados para la población civil: «La Alerta Temprana muestra que existe una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo. También evidenciamos que tienen la pretensión de retomar las áreas donde ejercieron control territorial», informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según el informe que fue entregado al Ministerio del Interior, los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC adelantan «acciones armadas, publicitarias y mediáticas, presionan a las comunidades y recaba finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional».

Por su parte, los terroristas del ELN estarían sometiendo a presiones a la población y a los líderes sociales de la región. Lo más grave de la Alerta Temprana, es que este grupo guerrillero también está reclutando niñas, niños y adolescentes.

El Clan del Golfo es otro problema: Defensoría del Pueblo

Para la Defensoría del Pueblo, a las anteriores amenazas se le suma otra: el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta agrupación narcotraficante estaría buscando consolidarse en los llanos orientales con el fin de fortalecer sus actividades ilícitas de microtráfico, según la entidad, para expandirse por medio de corredores internacionales hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

«Entregamos 32 recomendaciones para que el Gobierno y las autoridades locales atiendan los riesgos evidenciados en la Alerta. Urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como de carácter humanitario para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales, que quieren someter a la población», recomendó el defensor del Pueblo.

Sobre el Clan del Golfo, la Defensoría del Pueblo alertó que el grupo delincuencial se encuentra en un proceso de expansión en el territorio nacional, logrando identificar presiones y restricciones impuestas en diferentes regiones, particularmente de la costa, Antioquia y el Cauca, impartiendo «normas de conducta» y amenazas constantes contra líderes sociales y comunitarios.

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, aseguró que en el plan de expansión y control territorial el Clan del Golfo está ofreciendo salarios de hasta 1 500 000 pesos para que los jóvenes ingresen a sus filas.

«Se deben adoptar medidas urgentes que prevengan y protejan de manera integral a las comunidades; además, se debe adelantar la atención humanitaria en favor de las comunidades, garantizando los derechos humanos y el respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario», puntualizó Camargo.

Reclutamiento y violencia contra menores en 2022 fue alarmante

De acuerdo con un informe del Observatorio de la Niñez y Conflicto Armado (ONCA-COALICO), contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, 268 524 menores de edad fueron víctimas del conflicto en 2022, entre el Estado Colombiano y los grupos alzados en armas como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo u otras estructuras armadas.

«Lastimosamente las cifras en Colombia no nos ayudan, en tan solo el 2022, por lo menos registramos 268 000 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado por situaciones como ataques a escuelas y hospitales; bloqueo de suministros; confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento; uso de niños, niñas y adolescentes; violaciones al derecho de la libertad sexual y a la personal», destacó en su momento Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO.

Según ese informe, esa cifra representa un incremento del 11,5 % con respecto al 2021, lo que se considera como una situación sumamente grave, particularmente por la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, quien vende su Gobierno como «el Gobierno del cambio, de la Paz Total, de la Potencia Mundial de la Vida».