Prosperidad Social abrió revisión de contratos y recursos por posibles irregularidades del gobierno anterior

Una revisión de fondo a varias actuaciones administrativas y contractuales de Prosperidad Social fue ordenada por la actual dirección de la entidad, luego de identificar asuntos que, según la administración, requieren mayor análisis técnico y jurídico para determinar qué ocurrió con recursos públicos comprometidos durante el gobierno anterior.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que la entidad conformó un equipo interdisciplinario encargado de profundizar en las auditorías y establecer el estado de diferentes contratos, convenios, actuaciones administrativas y recursos que permanecen bajo verificación.

La revisión incluye contratos de altos montos cuya ejecución se habría concentrado durante los meses correspondientes a la campaña presidencial. En estos casos, la entidad busca establecer si existió una adecuada justificación para su celebración, verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y determinar la destinación de los recursos involucrados.

“Encontramos contratos y donaciones dudosas e injustificadas con ejecución concentrada en el periodo de campaña presidencial, nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”, señaló Suárez.

Dentro del proceso también fueron incluidos más de una decena de nombramientos realizados en cargos de provisionalidad. Prosperidad Social explicó que estos casos serán revisados para establecer si las personas designadas cumplían los requisitos exigidos y si los procedimientos adelantados estuvieron ajustados a las normas relacionadas con la carrera administrativa.

Estas situaciones habían sido advertidas, entre otros actores, por el sindicato de la entidad, cuyos señalamientos hacen parte de la información que ahora está siendo contrastada por la administración.

Uno de los puntos que genera mayor atención está relacionado con cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos utilizados para la ejecución de recursos. De acuerdo con la directora, sobre estos procesos no se encontró inicialmente información suficiente, por lo que se adelanta la búsqueda y revisión de soportes, además de la verificación del estado de legalización y cierre de cada actuación.

A esto se suman más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad aún no ha sido plenamente verificada. La entidad pretende establecer las razones que justificaron estas contrataciones y determinar si se ajustaron a las necesidades institucionales y a las disposiciones vigentes.

Las donaciones también hacen parte de la revisión. En particular, se analizan entregas realizadas durante el primer semestre de 2026 frente a las cuales, según Prosperidad Social, no existe claridad suficiente sobre los beneficiarios finales. La entidad indicó que este aspecto será objeto de verificación documental para establecer cómo se adelantaron los procedimientos y quiénes recibieron efectivamente los recursos o bienes entregados.

También fueron incorporados al proceso otros contratos relacionados con difusión, así como diferentes actuaciones administrativas que requieren ser examinadas para establecer su legalidad, pertinencia y cumplimiento.

La información que dio origen a las revisiones proviene principalmente de alertas y denuncias presentadas por funcionarios y sindicatos de Prosperidad Social, además de informes elaborados por organismos de control. La administración señaló que estos elementos no serán asumidos como conclusiones definitivas, sino como insumos que deben ser contrastados mediante procedimientos de verificación.

“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, afirmó la directora.

La funcionaria enfatizó que las actuaciones examinadas corresponden a la administración anterior y que el propósito de la revisión es establecer con rigor las circunstancias en las que se tomaron las decisiones y se ejecutaron los recursos. En ese sentido, Prosperidad Social aclaró que la etapa actual corresponde a un proceso de verificación y que no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad individual.

Una vez finalicen las revisiones y se documenten los hallazgos que eventualmente puedan tener consecuencias, estos serán remitidos a las autoridades correspondientes. Dependiendo de la naturaleza de los hechos, podrían ser puestos en conocimiento de organismos competentes en materia disciplinaria, fiscal, penal o administrativa.

Suárez aseguró que el proceso se adelantará respetando las garantías legales y el debido proceso para las personas involucradas. “Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó.

La entidad anunció que continuará informando los avances y resultados de las verificaciones a medida que se consolide la información. El objetivo central de esta revisión será establecer el estado de los recursos comprometidos, verificar el cumplimiento de las normas y determinar si existen actuaciones que deban ser trasladadas a los organismos de control o a otras autoridades competentes.