Presidente de la ANDI cuestionó restricciones a encuestas electorales: «Es una carga de profundidad contra este instrumento»

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, criticó con firmeza las nuevas restricciones que el Gobierno y el Congreso han establecido sobre la publicación de encuestas electorales, en momentos en que el país comienza a mirar hacia las elecciones presidenciales de 2026.

En un pronunciamiento público, Mac Master calificó las medidas como un golpe a la transparencia y a la información que los ciudadanos deben tener para formarse una opinión en democracia.

«Y en el momento en el cual el país anda más interesado en saber cómo se va a desarrollar el debate político y las elecciones del año 2026, el gobierno y el Congreso deciden que no se vuelve a publicar encuestas hasta el mes de noviembre», afirmó.

El dirigente gremial cuestionó además que se hayan impuesto nuevas condiciones técnicas a la realización de las encuestas, criticando la intervención del legislativo en aspectos metodológicos que tradicionalmente han sido competencia de expertos en estadística.

«Para esto se volvieron expertos estadísticos, que definen de qué tamaño son las muestras, a quién hay que preguntarle, cómo hay que preguntarle», señaló, en referencia a las exigencias contenidas en las disposiciones recientes.

Uno de los puntos más sensibles, según Mac Master, es la obligación de entregar a la autoridad electoral los datos de los encuestados, lo que —a su juicio— representa un riesgo para la confidencialidad y la independencia del instrumento.

“Y como si fuera poco, también obligan a que se le entreguen la información de los encuestados a la autoridad electoral. Que, por decir lo menos, es una carga de profundidad contra este instrumento, que en todo el mundo ha sido considerado el más valioso para que la ciudadanía conozca cómo van las preferencias sobre unos u otros candidatos», subrayó.

El pronunciamiento se da en medio de una creciente controversia por las reformas al Código Electoral y las medidas de control sobre las firmas encuestadoras, que diversos sectores han interpretado como un intento de limitar el flujo de información previo a las elecciones regionales y presidenciales.