Personería fijó plazo de 15 días al Distrito para concretar traslado de comunidad Emberá de La Rioja

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Distrito de Bogotá cumplir con el traslado de la comunidad indígena Emberá asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, luego de considerar que las condiciones del lugar representan riesgos estructurales, eléctricos y sanitarios.

La Personería de Bogotá informó que el proceso debe realizarse en un plazo máximo de 15 días, y que la Administración Distrital tendrá que garantizar un sitio adecuado que cumpla los estándares de seguridad y habitabilidad.

El fallo judicial responde a una tutela interpuesta por la Personería, que reclamó la protección de los derechos a la vida, la salud y la vivienda digna de los más de 900 indígenas que residían en el predio. Aunque una parte de esta población retornó a sus territorios en septiembre, cerca de 390 personas permanecen en el inmueble pese a las advertencias de riesgo.

De acuerdo con el personero Andrés Castro Franco, la orden contempla que, si la UPI La Florida no cumple con las condiciones técnicas necesarias para recibir a la comunidad, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tendrá que poner a disposición un predio que sirva como refugio temporal. El funcionario agregó que la comunidad Emberá ha manifestado disposición para trasladarse, siempre que se garantice un espacio digno y con la posibilidad de mantener la convivencia colectiva.

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) reiteró el llamado a evacuar voluntariamente La Rioja. En un aviso oficial, la entidad advirtió que las condiciones del inmueble representan un peligro inminente, especialmente para los niños, niñas y adultos mayores que permanecen en el lugar. Según el documento, el riesgo incluye posibles colapsos estructurales, fallas eléctricas y deficiencias en salubridad.

El concejal del Nuevo Liberalismo Jesús Araque también solicitó a los líderes de la comunidad aceptar las alternativas ofrecidas por el Distrito, entre ellas subsidios de arriendo y albergues temporales. Araque recordó que tanto la Corte Constitucional como el Tribunal de Cundinamarca han ordenado la evacuación inmediata del predio por razones de seguridad.

Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre, un niño de cinco años de la comunidad sufrió una caída desde el segundo piso del inmueble, lo que evidenció nuevamente la precariedad del lugar. El menor fue atendido por el ICBF y trasladado al Hospital Santa Clara, donde permanece bajo observación médica.

La Administración Distrital reiteró que el cuidado de los menores y la protección de las comunidades deben ser prioridad en el proceso de reubicación, e insistió en que la evacuación voluntaria permitirá garantizar la seguridad y el bienestar de las familias emberá que aún permanecen en la UPI La Rioja.