Panel en Seminario Internacional expuso vacíos en la transición hacia la prohibición de plásticos de un solo uso: Cuestionamientos a decisiones del Gobierno

El Seminario Internacional Transición Justa hacia Alternativas Sostenibles y Derechos Humanos reunió este 25 de noviembre a representantes de gremios, organizaciones empresariales, sectores sindicales, expertos en derechos humanos y delegados del Gobierno para revisar el avance de la transición hacia la reducción de plásticos de un solo uso.

El encuentro, moderado por Laura Mejía, directora de IFMNOTICIAS, centró su discusión en los impactos económicos, sociales y regulatorios que enfrenta la región en este proceso y en las posiciones divergentes entre industria y autoridades frente al alcance de la Ley 2232 en Colombia.

El panel contó con la participación de Cristian Halaby, de la Cámara Ambiental del Plástico; Lucas Gómez, especialista de la CIDH; José María Munné, representante de ADIPLAST; Helver Casas, del Ministerio de Ambiente; y María Camila Peña, delegada de UTIPEC.

El tema abordado desde el Ministerio se expuso que Colombia ha trabajado durante décadas en instrumentos de gestión ambiental, incluida la responsabilidad extendida del productor, la construcción de pactos contra la contaminación y la formulación de planes de reconversión productiva y laboral. Sin embargo, se señaló que la participación empresarial ha sido baja en los más recientes espacios de concertación, especialmente en escenarios orientados a la adaptación industrial.

Desde el sector sindical y empresarial se planteó que la transición no ha sido percibida como un proceso gradual ni articulado. Peña insistió en que las prohibiciones han significado una carga para las empresas formales y un riesgo para el empleo, mientras que otros representantes del sector plástico señalaron que la implementación normativa generó tensiones que pudieron anticiparse con más tiempo de preparación técnica.

Parte de los gremios coincidió en que la falta de lineamientos claros sobre sustitutos, reconversión y acompañamiento estatal ha contribuido a percepciones de incertidumbre.

Durante el debate, se discutió si la prohibición es suficiente para enfrentar los problemas asociados a los plásticos de un solo uso. Los panelistas indicaron que, por su complejidad, la gestión de residuos requiere acciones complementarias, así como innovación en tecnologías que permitan mejorar la reciclabilidad, la vida útil y la circularidad de los materiales.

Se presentaron posturas diferenciadas frente a alternativas como el papel, el vidrio o los biopolímeros, destacando estudios internacionales que cuestionan su impacto ambiental y sus costos.

La discusión también abordó el rol del Estado en la regulación y la autorregulación empresarial. Representantes de República Dominicana señalaron que experiencias de prohibiciones sin acompañamiento han derivado en informalidad y mercados no regulados, situación que esperan evitar mediante procesos de intercambio con Colombia.

En la parte final del seminario se evaluó si Colombia es un referente regional en materia de gestión de plásticos. Mientras desde el Gobierno se resaltaron los avances en normatividad, reciclaje y participación ciudadana, voceros empresariales advirtieron que los efectos de la prohibición y la falta de incentivos ponen en duda ese liderazgo.

Las intervenciones cerraron el panel con llamados a fortalecer la técnica, revisar los tiempos de implementación, ampliar la participación del sector productivo y asegurar que cualquier transición integre empleo, sostenibilidad y viabilidad industrial.