Pacto Histórico exigió a la fiscal Luz Adriana Camargo la liberación de 11 capturados de la Primera Línea

Un nuevo choque institucional se abrió en las últimas horas tras la captura de 11 integrantes de la denominada Primera Línea, señalados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en graves hechos delictivos ocurridos en el marco de la protesta social. Horas después de las detenciones, congresistas del Pacto Histórico exigieron públicamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que estas personas sean dejadas en libertad de manera inmediata.

El pronunciamiento fue emitido a través de un comunicado firmado por el senador Robert Daza Guevara y el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, ambos integrantes del Pacto Histórico y coordinadores de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos del Congreso.

En el documento, la Comisión manifestó su “preocupación por la criminalización de la juventud” y calificó como “inaceptable que se repitan prácticas de inflación punitiva y el uso de agentes encubiertos cuya finalidad no busque evitar la comisión de los delitos”. Además, aseguró que, según su análisis, “se distorsionan los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”.

Los congresistas solicitaron “garantías y respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en libertad” para los 11 capturados, a quienes identifican como jóvenes vinculados a expresiones de protesta social.

“El encuentro con los escenarios de participación de la Comisión ha permitido evidenciar una posición crítica y una articulación en el marco del derecho a la organización”, señala el comunicado, en referencia al artículo 37 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la protesta pacífica.

No obstante, las capturas se produjeron en el marco de una investigación penal en la que la Fiscalía imputó a los detenidos delitos de alto impacto, entre ellos terrorismo, porte ilegal de armas y de explosivos, secuestro, tortura y reclutamiento de menores, hechos que están siendo objeto de indagación judicial.

Desde el Pacto Histórico, el senador Robert Daza y el representante Alirio Uribe insistieron en que los jóvenes han sido “víctimas de hostigamientos, señalamiento y persecución”, y reiteraron su exigencia de que el proceso se adelante respetando plenamente las garantías constitucionales.

El pronunciamiento político se produce en un momento de alta tensión entre sectores del oficialismo y el ente acusador, y reaviva el debate nacional sobre los límites entre la protesta social, la responsabilidad penal y la independencia de la Fiscalía General de la Nación frente a presiones políticas.