Ofensiva militar contra grupos ilegales crece 34,5%, pero enfrenta límites estructurales según la FIP

El panorama de seguridad en Colombia muestra un cambio significativo en el enfoque del Gobierno frente a los grupos armados ilegales. Durante 2025, la Fuerza Pública incrementó sus acciones operacionales en un 34,5% respecto al año anterior, pasando de 174 operaciones en 2024 a 234, según registros del sistema DATEO de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este aumento se ha traducido en una mayor visibilidad de operaciones militares y policiales en distintas regiones del país. Entre ellas se destacan bombardeos contra disidencias de las antiguas FARC y estructuras del ELN en zonas como Catatumbo, Arauca y Vaupés; capturas de integrantes del Clan del Golfo y cabecillas de bandas urbanas; así como la destrucción de laboratorios dedicados al procesamiento de drogas en áreas fronterizas, especialmente con Ecuador.

Un giro con respaldo político y militar

El incremento en la ofensiva coincide con cambios en la conducción del sector defensa. En marzo de 2025 fue oficializado como ministro de Defensa el general en retiro Pedro Sánchez, quien impulsó una estrategia orientada a recuperar el control territorial y fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

A este ajuste se sumó la renovación de la cúpula militar para 2026, presentada por el Gobierno como una reorientación estratégica con énfasis en la seguridad pública. Estos movimientos han sido interpretados por analistas como señales de una reactivación deliberada de la ofensiva estatal.

De acuerdo con Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, este viraje responde a varios factores simultáneos: los resultados limitados de la política de “Paz Total”, la presión internacional para mostrar avances en la lucha contra el narcotráfico y un contexto político-electoral que exige demostrar control sobre el territorio.

Contexto de la “Paz Total” y deterioro de seguridad

El aumento de operaciones también se produce en un escenario marcado por cuestionamientos a la estrategia de negociación con grupos armados. Según la FIP, durante el actual cuatrienio se ha registrado un incremento significativo en la presencia y capacidad de estas organizaciones.

El número de integrantes de estructuras ilegales, entre combatientes y redes de apoyo, ha crecido en un 85%, superando los 27.000 miembros. Paralelamente, se han ampliado las zonas en disputa entre estos actores, lo que ha contribuido a un deterioro en las condiciones de seguridad en distintas regiones.

En este contexto, la intensificación de la ofensiva es interpretada como un ajuste pragmático. Flórez señala que el fortalecimiento de la presión militar evidencia el reconocimiento de que sin acciones contundentes sobre las estructuras criminales no existen condiciones reales para avanzar en procesos de negociación.

Este cambio contrasta con lo ocurrido en 2023, cuando el Gobierno impulsó un cese al fuego bilateral con varios grupos ilegales. Ese año cerró con apenas 80 acciones de la Fuerza Pública, la cifra más baja desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Resultados operacionales recientes

El incremento en las operaciones ha producido resultados concretos en el terreno. Entre los más destacados se encuentra el bombardeo contra alias Iván Mordisco, jefe de una de las principales disidencias, en el departamento de Vaupés.

También se reportó la muerte de alias “Samuel”, identificado como jefe financiero del Bloque Amazonas de esa misma estructura, en una operación en Vichada. A esto se suman acciones contra el Clan del Golfo, como la desarticulación de redes de comunicación en Tierralta, y operativos urbanos como la captura de alias “Cakín” en la operación Cronos.

En la frontera con Ecuador, la operación Espejo permitió la destrucción de decenas de laboratorios ilegales y el refuerzo del pie de fuerza en zonas estratégicas. Asimismo, en febrero se incautaron 190 granadas adaptadas para drones en el departamento del Meta, lo que evidencia el nivel de sofisticación tecnológica alcanzado por los grupos armados.

Influencia del entorno internacional

El contexto internacional también ha tenido incidencia en la reconfiguración de la estrategia de seguridad. La agenda del ministro de Defensa en Estados Unidos, a comienzos de 2026, incluyó temas relacionados con inteligencia, tecnología y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente, tras el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en febrero de ese año, la seguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral. Este escenario ha coincidido con un aumento en la presión sobre objetivos de alto valor y en las operaciones de interdicción.

Alcances y limitaciones de la ofensiva

Analistas coinciden en que el aumento de operaciones es un paso necesario para recuperar la iniciativa del Estado. Las acciones militares y policiales permiten debilitar la capacidad armada de las organizaciones, afectar sus estructuras de mando e interrumpir economías ilegales.

Sin embargo, la FIP advierte que estos resultados no deben interpretarse como un desmantelamiento estructural del problema. El conflicto armado en Colombia ha evolucionado hacia formas más complejas, caracterizadas por organizaciones fragmentadas, redes flexibles y múltiples fuentes de financiación.

Actualmente, los grupos ilegales combinan actividades como narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control social y uso de tecnologías emergentes, lo que les permite adaptarse rápidamente a los golpes del Estado.

En este escenario, una operación exitosa puede generar impactos inmediatos, pero no necesariamente garantiza una reducción sostenida de la capacidad criminal.

El desafío de una estrategia integral

El principal reto, según el análisis de la FIP, es transformar la ofensiva en una estrategia integral de largo plazo. Esto implica articular la acción militar con otros componentes como inteligencia financiera, judicialización efectiva, control territorial permanente y programas de sustitución de economías ilícitas.

También se requiere fortalecer la presencia institucional en las regiones y mejorar la coordinación entre las políticas de seguridad, justicia y desarrollo rural.

Sin estos elementos, existe el riesgo de que las estructuras criminales se regeneren, se fragmenten o migren hacia nuevas actividades y territorios, manteniendo su influencia sobre comunidades y economías ilegales.

Un escenario para el próximo gobierno

A pocos meses del cierre del actual gobierno, el análisis sugiere que no se prevén cambios estructurales en el corto plazo. Aunque la ofensiva permite recuperar iniciativa y enviar señales de autoridad, el desmantelamiento de las organizaciones ilegales es un proceso que requiere más tiempo.

El próximo gobierno heredará un escenario complejo, con grupos más numerosos, diversificados y adaptativos. El desafío será consolidar una política de Estado que trascienda la reacción operativa y apunte a una transformación sostenida de las condiciones de seguridad.

La FIP concluye que, si bien el aumento de operaciones es un paso en la dirección correcta, el éxito no debe medirse únicamente por capturas o incautaciones, sino por la capacidad de evitar que las estructuras criminales se reconfiguren y mantengan su control sobre los territorios.