Nuevas medidas legales contra la suplantación de identidad en Colombia entran en vigor
La Ley 2573 de 2026 entra en vigencia plena este 19 de noviembre, imponiendo protocolos de seguridad más estrictos a bancos y operadores para proteger a las víctimas de fraude.
A partir del 19 de noviembre de 2026, el panorama legal para la protección de los ciudadanos frente al fraude por suplantación de identidad en Colombia experimentará una transformación significativa. Con la entrada en aplicación general de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, se establecen parámetros estrictos que obligan a los operadores de telecomunicaciones, entidades del sector financiero y establecimientos comerciales a robustecer sus sistemas de verificación y respuesta ante actividades delictivas que afecten el buen nombre y las finanzas de los usuarios.
La problemática no es menor en el contexto nacional. De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre el año 2022 y mayo de 2026, se contabilizaron un total de 13.983 quejas formales relacionadas con la suplantación de identidad. De esta cifra, el 81% de las reclamaciones, equivalente a 11.365 casos, se concentró específicamente en el sector de las telecomunicaciones, evidenciando una vulnerabilidad crítica en la contratación de servicios de telefonía y datos.
Marco normativo y obligaciones de las empresas
La Ley 2573 de 2026, la cual recibió sanción el 19 de mayo de 2026 y fue publicada en el Diario Oficial 53.496, surge como una herramienta para evitar que los ciudadanos asuman deudas derivadas de engaños o sufran reportes negativos en las centrales de riesgo por compromisos que nunca adquirieron. Aunque el grueso de la normativa inicia su vigencia plena este 19 de noviembre, ciertos componentes, específicamente los parágrafos primero y segundo del artículo 5, ya se encontraban operativos desde el mes de mayo, exigiendo protocolos de seguridad más rigurosos.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeBajo este nuevo esquema, las empresas están obligadas a implementar medidas de seguridad digital que sean razonables y robustas para validar de manera efectiva la identidad de cualquier solicitante. En el momento en que un ciudadano reporte una posible suplantación, la entidad involucrada debe proceder con el trámite de la reclamación de manera inmediata. Esto incluye la entrega de copias de todos los soportes documentales que se utilizaron para autorizar la operación fraudulenta.
Suspensión de cobros y procedimientos legales
Uno de los avances más relevantes de la legislación es la orden de suspender de forma inmediata cualquier gestión de cobro una vez se notifica la irregularidad. Las compañías deben congelar el cobro de intereses, gastos de cobranza y cualquier otro cargo asociado a la obligación en disputa. Tras esta notificación inicial, el usuario dispone de un periodo de 20 días hábiles para formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y presentar las evidencias pertinentes. Es importante anotar que, si el ciudadano no cumple con este paso procesal, la entidad prestadora del servicio recupera la facultad de reactivar los cobros de manera retroactiva y proceder con los reportes ante las centrales de información crediticia.
No obstante, la ley contempla escenarios donde la carga administrativa para la víctima se reduce. Si durante sus investigaciones internas la propia empresa encuentra pruebas que confirmen la existencia del fraude, el usuario quedará eximido de realizar el trámite penal ante la Fiscalía. En tales circunstancias, la exoneración de la deuda debe ser automática, garantizando que el afectado no sea revictimizado por procesos burocráticos extensos.
Protección del historial crediticio y rectificación
La preocupación por el puntaje en las centrales de riesgo es una de las constantes entre quienes sufren este delito. La Ley 2573 de 2026 estipula que las centrales de información deben incluir en el perfil del ciudadano la etiqueta de 'Víctima de Falsedad Personal'. Esta marca no tiene como fin disminuir la calificación crediticia ni debe ser utilizada como argumento para denegar productos financieros en el futuro. Su función primordial es servir como una alerta de seguridad para que otras entidades realicen una doble verificación de identidad antes de aprobar nuevos servicios a nombre de esa persona.
En los casos donde se demuestre que la compañía falló en sus protocolos de seguridad, la normativa es tajante: la empresa deberá detener el cobro, rectificar cualquier reporte negativo y reintegrar el dinero que haya sido defraudado. Esta devolución debe realizarse de forma directa, sin que la entidad pueda bloquear los fondos o condicionar el reintegro a autorizaciones de terceros.
Interpretaciones de la Corte Constitucional y la Superfinanciera
El camino hacia la implementación de esta ley contó con el análisis de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-413 del 2 de octubre de 2025, definió aspectos fundamentales como la carga dinámica de la prueba. Esto significa que ya no es el usuario quien debe demostrar que no adquirió la deuda, sino que es la empresa la que debe probar que actuó con diligencia al verificar la identidad del solicitante. Asimismo, la Corte determinó que la responsabilidad de denunciar ante las autoridades no recae exclusivamente en la víctima; los bancos y comercios también tienen el deber de informar a la justicia en los mismos términos de tiempo.
Por otra parte, la Superintendencia Financiera, a través del Concepto 2026124048-004 del 21 de julio de 2026, aclaró que para detener la cobranza de manera inmediata solo se requiere el aviso del usuario sobre la suplantación. Ninguna entidad puede exigir la presentación física de la denuncia penal como requisito previo para congelar los cobros. Sin embargo, para la inclusión de la etiqueta de 'Víctima de Falsedad Personal' en las bases de datos de riesgo, la radicación de la denuncia ante la Fiscalía sigue siendo un requisito indispensable.
Finalmente, la ley también establece consecuencias para quienes intenten defraudar al sistema. Si se comprueba que el servicio fue efectivamente solicitado por el titular y que la reclamación de suplantación fue falsa, la empresa podrá cobrar la totalidad de la deuda, incluyendo los intereses causados durante el tiempo de suspensión, y el ciudadano podría enfrentar procesos penales por falsa denuncia.
Preguntas y respuestas de contexto
¿En qué consiste la nueva Ley 2573 de 2026 sobre suplantación de identidad?
Es una normativa que obliga a bancos, comercios y operadores de telefonía a implementar protocolos de seguridad más estrictos para verificar la identidad de los usuarios y protegerlos de fraudes.
¿Qué debe hacer una persona si descubre que ha sido suplantada?
Debe reportar la irregularidad ante la entidad involucrada para que esta suspenda de inmediato los cobros y, posteriormente, formalizar la denuncia ante la Fiscalía en un plazo de 20 días hábiles.
¿Cómo se protege el historial crediticio de las víctimas bajo esta ley?
Las centrales de riesgo deben incluir la etiqueta 'Víctima de Falsedad Personal' en el perfil del ciudadano, la cual funciona como una alerta de seguridad sin afectar su puntaje ni impedirle el acceso a futuros créditos.
¿Quién tiene la responsabilidad de probar que no hubo fraude?
Según la Corte Constitucional, aplica la carga dinámica de la prueba, lo que significa que es la empresa la que debe demostrar que actuó con diligencia al verificar la identidad del solicitante.
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