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Santa Marta deberá responder por obligaciones pendientes con Air-e que superan los $1.900 millones

La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo a la administración distrital de Santa Marta para conocer las medidas adoptadas frente a una obligación superior a los 1.900 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica. El organismo solicitó al gobierno del alcalde Carlos Pinedo Cuello información sobre la situación financiera, las gestiones para ponerse al día y los recursos presupuestales destinados a garantizar el pago del servicio.

IFM Noticias
Redacción
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Santa Marta deberá responder por obligaciones pendientes con Air-e que superan los $1.900 millones

La situación financiera del Distrito de Santa Marta frente a la empresa Air-e quedó bajo seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, luego de conocerse que la administración municipal mantiene obligaciones pendientes por más de 1.900 millones de pesos relacionadas con el consumo de energía eléctrica.

La actuación fue anunciada el 18 de noviembre de 2026 por el organismo de control, que abrió un seguimiento preventivo con el propósito de obtener información detallada sobre el estado de la deuda y las acciones adelantadas por el gobierno distrital para atender este compromiso económico.

El requerimiento fue dirigido a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, a la que se le solicitó presentar un balance de las actuaciones administrativas y financieras desarrolladas para normalizar las obligaciones pendientes con la compañía prestadora del servicio.

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La intervención de la Procuraduría busca conocer cómo está siendo atendida esta responsabilidad y verificar si existen medidas presupuestales que permitan garantizar el cumplimiento de los pagos correspondientes al suministro de energía.

Solicitan soportes financieros y disponibilidad de recursos

Dentro de la información requerida, la Procuraduría pidió a la Alcaldía de Santa Marta acreditar las apropiaciones presupuestales destinadas a cubrir la deuda, así como los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP).

Estos documentos constituyen soportes fundamentales para establecer si una entidad pública cuenta con recursos identificados y respaldados presupuestalmente para atender sus compromisos económicos.

El organismo de control también solicitó conocer las gestiones realizadas para reducir o cancelar el pasivo acumulado con Air-e, con el fin de establecer el estado de las obligaciones y las medidas implementadas por la administración distrital.

La solicitud cobra relevancia debido a que el suministro de energía eléctrica hace parte de los servicios públicos esenciales que deben ser garantizados por las entidades responsables, mediante una adecuada planificación financiera y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La Procuraduría recuerda las obligaciones legales de las entidades públicas

En el pronunciamiento, el Ministerio Público recordó que las administraciones oficiales tienen responsabilidades específicas frente al pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios.

Como fundamento jurídico, hizo referencia al artículo 12 de la Ley 142 de 1994, normativa que establece disposiciones relacionadas con el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.

Asimismo, mencionó la Directiva 016 de 2026, mediante la cual se reiteran las obligaciones de las entidades oficiales en materia de apropiación presupuestal y cumplimiento de los pagos correspondientes a estos servicios.

De acuerdo con el organismo de control, las instituciones públicas deben incorporar en sus presupuestos los recursos suficientes para atender oportunamente las facturas y compromisos derivados del consumo de servicios públicos.

Esta responsabilidad implica que las administraciones deben garantizar una planificación adecuada de sus recursos financieros, evitando que las obligaciones relacionadas con servicios esenciales permanezcan sin atención presupuestal.

Seguimiento preventivo al manejo de los recursos públicos

La actuación iniciada contra el Distrito de Santa Marta tiene carácter preventivo y está orientada a obtener información sobre la gestión administrativa y financiera relacionada con la deuda.

Este tipo de seguimiento permite a la Procuraduría solicitar explicaciones y documentación a las entidades públicas para examinar situaciones que podrían comprometer el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.

En este caso, el interés del organismo se concentra en conocer las decisiones adoptadas por la Alcaldía para atender el saldo pendiente con Air-e y establecer si los recursos necesarios están debidamente incorporados en el presupuesto distrital.

La solicitud de información no representa por sí misma una declaración de responsabilidad disciplinaria contra el alcalde o los funcionarios de su administración. Se trata de una actuación preventiva para verificar las condiciones en las que se está gestionando esta obligación.

La administración distrital deberá informar las medidas adoptadas

Con este requerimiento, la Procuraduría busca obtener un panorama completo sobre el estado financiero de la deuda y las acciones emprendidas para normalizar los pagos a la empresa de energía.

La información solicitada permitirá al Ministerio Público conocer la disponibilidad de recursos, los procedimientos presupuestales adelantados y las decisiones administrativas relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.

El caso pone de relieve la importancia de la responsabilidad fiscal y la planeación presupuestal en los gobiernos territoriales, especialmente cuando se trata de compromisos asociados con la prestación de servicios públicos esenciales.

Mientras avanza el seguimiento preventivo, la atención del organismo de control permanecerá centrada en la respuesta de la administración de Santa Marta y en los soportes que acrediten las medidas adoptadas para atender el pasivo superior a los 1.900 millones de pesos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría inició un seguimiento a la Alcaldía de Santa Marta?

El organismo de control busca que la administración distrital explique las medidas adoptadas para pagar una deuda superior a los 1.900 millones de pesos con la empresa de energía Air-e.

¿Qué información específica le solicitaron al alcalde Carlos Pinedo Cuello?

Se le pidió presentar un balance financiero, las gestiones para normalizar la deuda y los soportes presupuestales, como certificados de disponibilidad, que garanticen el pago del servicio.

¿Cuál es el fundamento legal de este requerimiento?

La Procuraduría se basa en la Ley 142 de 1994 y la Directiva 016 de 2026, que obligan a las entidades públicas a presupuestar y pagar oportunamente los servicios públicos domiciliarios.

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