No paran los escándalos en la UNP. Sindicatos alertan por reestructuración y advierten riesgos en vinculación de más de 6.000 escoltas

En medio de los recientes cuestionamientos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su director Augusto Ramírez por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una nueva controversia se abre paso tras la expedición de los decretos 019 y 020 de 2026, mediante los cuales el Gobierno Nacional redefine la estructura institucional de la entidad y anuncia la ampliación de su planta de personal. La medida contempla la creación de más de 6.000 cargos operativos para escoltas y alrededor de 600 cargos administrativos, una decisión que, lejos de generar consenso, ha despertado fuertes inquietudes entre los sindicatos que representan a los trabajadores del programa de protección.

El Sindicato de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales UT-UNP expresó públicamente su preocupación por lo que considera un proceso poco claro y con riesgos significativos para la estabilidad laboral de miles de escoltas que actualmente prestan sus servicios bajo esquemas de tercerización. Según la organización sindical, en la UNP existen cerca de 13.000 escoltas tercerizados que hoy operan los esquemas de seguridad en todo el país, sin que hasta el momento se haya definido un procedimiento que garantice su vinculación directa a los nuevos cargos creados.

Dudas en los requisitos y vinculaciones

De acuerdo con el pronunciamiento sindical, los decretos establecen la creación de 6.000 cargos misionales en los grados más altos de la entidad, correspondientes a Oficial de Protección grado 15 y 18, así como más de 600 cargos administrativos distribuidos entre profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos, asesores y jefaturas. No obstante, los representantes de los trabajadores advierten que la UNP no ha emitido una comunicación oficial en la que se detallen los requisitos, tiempos y mecanismos de selección para estos nombramientos, ni ha socializado el rediseño institucional con todas las organizaciones sindicales.

Uno de los puntos que más inquietud genera es la posibilidad de que la administración de la UNP tenga un amplio margen de discrecionalidad para realizar nombramientos provisionales, sin garantizar que quienes actualmente desarrollan las labores misionales y administrativas sean priorizados. El sindicato señala que, según la normatividad vigente y los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, solo un grupo reducido de funcionarios de carrera tendría derecho preferencial, lo que dejaría miles de vacantes susceptibles de ser ocupadas mediante nombramientos provisionales.

Riesgo de «masacre laboral»

En ese contexto, la organización sindical advierte sobre el riesgo de una “masacre laboral”, entendida como la exclusión de los escoltas tercerizados que hoy cumplen funciones operativas en los esquemas de protección. También expresa preocupación por posibles irregularidades asociadas al proceso, como la eventual vinculación de personal sin la experiencia ni la idoneidad requeridas para una labor que implica la protección de la vida, así como la posibilidad de prácticas indebidas en el acceso a los cargos.

El rediseño institucional también ha sido objeto de cuestionamientos en lo relacionado con la estructura directiva. Según el sindicato, el decreto 019 creó nuevas subdirecciones y direcciones de alto nivel, sin que estas respondan de manera clara a las necesidades operativas de la entidad. En particular, se señala que la UNP continúa altamente centralizada en Bogotá, pese a que una de las principales demandas históricas ha sido la descentralización del programa de protección hacia los departamentos, con mayor autonomía regional para la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de seguridad.

Desde la perspectiva sindical, la creación de nuevos cargos directivos no ha ido acompañada de un fortalecimiento real de la capacidad territorial de la UNP, ni de una mejora directa en la prestación del servicio. Por el contrario, consideran que se desaprovechó la oportunidad de crear direcciones o subdirecciones regionales que respondan a las dinámicas y necesidades específicas de cada zona del país.

Perfil de los contratistas

En cuanto a la planta administrativa, el sindicato UT-UNP insiste en que se deben respetar los acuerdos colectivos vigentes y las disposiciones que promueven la ampliación de planta a costo cero. En ese sentido, solicitan que se revise el perfil de los contratistas que actualmente prestan servicios bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, con el fin de que puedan ser incorporados a la planta de personal y se reconozca su experiencia, compromiso y conocimiento institucional.

Otro aspecto que genera alerta es el impacto de los decretos sobre la subdirección especializada creada en el marco del Acuerdo de Paz. Según el sindicato, la nueva normativa habría dejado sin efecto decretos anteriores que brindaban garantías laborales a excombatientes reincorporados que hacen parte del programa de protección, lo que, a su juicio, pone en riesgo compromisos adquiridos por el Estado y afecta la estabilidad de estos trabajadores.

¿Burocracia electoral?

El presidente del sindicato UT-UNP, Wilson Javier Devia, elevó la voz pidiendo al gobierno que espera que estos nombramientos no sean burocracia electoral, toda vez la temporada en la que se ha decidido hacer la reforma y la vinculación de los más de 6.000 escoltas y 600 administrativos, por lo que ha exigido transparencia en los procesos, mientras le ha reclamado a los grupos políticos afines al gobierno y al sindicato, por no defender a los miembros de la UNP sindicalizados.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, la organización sindical sostiene que los decretos presentan debilidades en su motivación y en el sustento de la necesidad real de la reforma. Señalan que la memoria justificativa anexa carecería de un análisis profundo de impacto, de estudios de carga laboral y de una justificación sólida que respalde la reestructuración, lo que podría exponer a la entidad a eventuales demandas y acciones de nulidad.

Ante este panorama, el sindicato anunció que solicitará el acompañamiento de los entes de control y adelantará las acciones que considere necesarias para garantizar la transparencia del proceso y la protección de los derechos laborales. La organización reiteró su llamado a los escoltas y trabajadores de la UNP a mantenerse atentos frente al desarrollo de la reestructuración y a exigir información clara sobre un proceso que, según advierten, será determinante para el futuro laboral de miles de personas vinculadas al programa de protección en Colombia.