Red PRO advierte sobre incertidumbre jurídica en proyectos de infraestructura y concesiones en Colombia

La Red PRO manifestó su preocupación por el deterioro de la seguridad jurídica en el sector de infraestructura colombiano, luego de recientes anuncios y decisiones del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y distintos ministerios frente a proyectos desarrollados bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).

En un pronunciamiento divulgado este 23 de mayo de 2026, la organización advirtió que algunas actuaciones relacionadas con concesiones viales estarían generando incertidumbre para inversionistas y actores del sector, especialmente por el impacto que podrían tener sobre la estabilidad de las reglas de juego en Colombia.

La alerta se centra principalmente en las decisiones adoptadas alrededor de proyectos estratégicos en el Eje Cafetero, donde el Gobierno anunció la terminación anticipada de la concesión Autopistas del Café y el rechazo preliminar de la iniciativa privada Conexión Centro.

Según Red PRO, estas actuaciones podrían afectar la confianza en el modelo APP, considerado durante las últimas décadas como uno de los principales mecanismos para financiar infraestructura y promover conectividad regional.

La organización señaló que el anuncio de finalizar anticipadamente la concesión de Autopistas del Café se produjo sin que, según su posición, existiera una causal legal plenamente acreditada.

Además, cuestionó que la iniciativa privada Conexión Centro hubiera sido rechazada antes de concluir completamente su evaluación técnica y financiera.

Para Red PRO, más allá de los proyectos específicos, lo que está en discusión es la estabilidad institucional y jurídica del modelo de alianzas público-privadas en Colombia.

La entidad sostuvo que cuando el Estado modifica unilateralmente condiciones contractuales o desconoce procedimientos establecidos, se genera un ambiente de incertidumbre que puede afectar futuras inversiones en infraestructura.

Las Asociaciones Público-Privadas han sido uno de los principales instrumentos utilizados por Colombia para ejecutar obras de infraestructura vial, logística y de conectividad.

A través de este modelo, el país ha logrado desarrollar proyectos de gran escala mediante la participación conjunta de capital público y privado.

Red PRO destacó que las APP han permitido cerrar brechas de infraestructura, fortalecer la competitividad regional y atraer inversión de largo plazo.

Por esa razón, la organización consideró que cualquier debilitamiento de este esquema puede tener consecuencias directas sobre la capacidad del país para continuar desarrollando obras estratégicas.

En el comunicado, la Red PRO hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que todas las decisiones relacionadas con contratos de concesión e iniciativas privadas se adopten dentro del marco legal vigente y con sustento técnico.

La organización también pidió que exista mayor transparencia y participación de los territorios en las discusiones sobre infraestructura y concesiones.

Según la entidad, la seguridad jurídica no debe entenderse únicamente como un aspecto formal, sino como una condición fundamental para garantizar inversión, planeación y desarrollo económico.

“Colombia necesita infraestructura, pero también necesita reglas claras, estabilidad y confianza”, indicó la organización en su pronunciamiento.

Las advertencias de Red PRO se producen en un momento en el que el país mantiene discusiones sobre el futuro de varios proyectos de infraestructura y el papel de las alianzas público-privadas dentro del modelo de desarrollo nacional.

El sector empresarial y distintos actores económicos han insistido en la importancia de preservar la confianza institucional para garantizar la continuidad de las inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos y obras estratégicas.

Mientras tanto, desde diferentes sectores se mantiene la expectativa sobre las decisiones que adopte el Gobierno frente a proyectos actualmente en evaluación o revisión contractual.

La discusión también reabre el debate sobre el equilibrio entre control estatal, seguridad jurídica y participación privada en el desarrollo de infraestructura en Colombia.