¡No fue a la brava! Los indígenas entraron a la Casa de Nariño

Gustavo Petro se reunió con los indígenas que ayer, en una tarde de terror en el centro de Bogotá, secuestraron el edificio de Avianca y, al ser desalojados, la emprendieron contra policías, gestores de convivencia y ciudadanos en general.  Como resultado de la asonada, 27 personas resultaron heridas: 14 uniformados, ocho gestores de diálogo y cinco civiles, según reportó la Alcaldía de Bogotá.

Al parecer, esas 27 víctimas de la violencia demencial de los indígenas fueron suficientes credenciales para que Gustavo Petro los invitara a la Casa de Nariño. El presidente, en un hilo de Twitter, anunció que se había reunido con los Embera y de inmediato inició la retahíla para justificar el salvajismo que protagonizaron ayer en Bogotá.

Es que son víctimas de desplazamiento. Hace un mes no tienen agua potable. 1 200 de ellos viven hacinados en un espacio destinado para 400 personas. Vieron morir a 21 de sus integrantes, la mayoría niños, en Bogotá. ¿E Hildebrando Rivera, el conductor que fue asesinado a golpes por una turba enceguecida de los indígenas, después de un lamentable accidente de tránsito en enero pasado?

Que un presidente que prometió la «paz total», el «vivir sabroso» y a Colombia como «potencia mundial de la vida», justifique la barbarie con el desplazamiento, resulta una enorme incoherencia: o en casi 60 días de gobierno no ha podido que solo 1 200 personas «vivan sabroso» en sus tierras o el eslogan de campaña era una falacia plena.

Es más: que carezcan de agua potable y que sufran hacinamiento, es responsabilidad del gobierno central. ¿No existen unas Fuerzas Armadas capaces de garantizarles el retorno seguro a sus tierras? ¿Acaso Petro no es el comandante en jefe de las FF AA? Los pretextos del presidente son un bumerang y por cada justificación, tres dedos lo señalan a él como el máximo responsable.

Posteriormente, Petro aseguró que los indígenas, a quienes les tendió alfombra roja, «se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá». ¿Acaso no era por el desplazamiento forzado que terminaron en la capital? Las redes no perdonan y siempre hay un tuit revelador. El congresista Wilson Arias publicó, hace menos de un mes, un efusivo saludo a la minga indígena que llegó a Bogotá a apoyar la reforma tributaria.

¿Desplazados o acuciosos defensores de la reformitis petrista? Lo cierto es que Petro no detuvo su diatriba. Sostuvo en el hilo, que la mayoría de los indígenas no hablan español. ¿Y los recursos que anualmente salen del presupuesto nacional para esas comunidades, no podría destinarse, en un mínimo porcentaje, a la enseñanza del idioma? ¿Acaso el tema idiomático no tendrá que ver con el aferrarse a sus tradiciones ancestrales y, al mismo tiempo, rechazar todo lo que representa el español?

Al finalizar el hilo, el presidente volvió a justificarlos: «Muchos dirán que son terroristas los padres y madres indígenas que han visto morir de hambre, de VIH, de epidemias, de falta de atención a sus propios hijos. Yo creo que hoy he visto una de las mayores injusticias sociales. Un estado que vuelve víctimas a las víctimas».

¿Y qué pasa con 34 millones de hectáreas que poseen las comunidades indígenas en todo el país? ¿Por qué con semejante cifra, más del 30 % del total de tierras en el país, hay hambre? ¿No tendrá algo que ver la tozudez de sembrar cultivos ilegales en lugar de darle a la tierra un uso correcto y legal? ¿A dónde va a parar el presupuesto adicional de 2.5 billones que se destina, anualmente, a esas comunidades? ¿No alcanzará esa cifra para atender las necesidades en salud? ¿Será que rechazan la atención médica tradicional, en aras de proteger sus culturas, como pasa, por ejemplo, en La Guajira?

El premio a los criminales no puede ser la dialoguitis y la claudicación del imperio de la ley. Mucho menos, llevar a los vándalos a la sede de gobierno, para aplaudirles la barbarie. Es cierto que en el gobierno Petro, los terroristas son invitados de honor, como pasó con la Primera Línea cuando se sentaron a hablar con el director de la Policía. Esas concesiones terminan engendrando nuevas y más graves violencias.