MinHacienda aseguró que el Gobierno Nacional no tiene intención de enajenar su propiedad accionaria en Ecopetrol

El Ministerio de Hacienda aclaró que el Gobierno nacional no tenía intención de vender su participación accionaria en Ecopetrol, luego de la controversia generada por un informe sobre activos enajenables presentado al Congreso.

A través de un comunicado, la cartera explicó que el documento correspondía a un requisito legal y tenía un carácter únicamente informativo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 226 de 1995. En ese sentido, se precisó que el denominado plan de enajenación global no implicaba una decisión ni autorización para iniciar procesos de venta de activos del Estado.

El Ministerio indicó que el informe incluía la totalidad de la propiedad accionaria de la Nación con su respectiva valoración. Por esta razón, aparecían activos vinculados a Ecopetrol junto a otras participaciones estatales.

Según el documento, los activos relacionados con la petrolera estatal sumaban cerca de 50,5 billones de pesos, entre ellos se encontraban participaciones en filiales como Ecopetrol Global Energy, Ecopetrol USA Inc. y Ecopetrol Permian LLC, así como otras compañías en Brasil, Europa, Asia y América.

Tras la difusión de esta información se generó inquietud en distintos sectores, especialmente por el alcance de los activos mencionados y su posible relación con procesos de desinversión.

Pero, en respuesta, el Gobierno reiteró que la inclusión de estos bienes en el informe no implicaba que fueran a ser vendidos, sino que obedecía a una obligación de reporte anual ante el Congreso.

Asimismo, se aseguró que cualquier eventual proceso de enajenación requeriría decisiones posteriores, como la expedición de decretos y la aprobación de las instancias correspondientes, incluyendo la junta directiva y los accionistas de la compañía, en la que el Estado mantiene una participación mayoritaria.

En el mismo sentido, el Ministerio también buscó precisar que este tipo de reportes hace parte de los mecanismos de transparencia sobre los activos públicos, en los que se identifican bienes susceptibles de eventual enajenación sin que ello represente una decisión en firme, de esta manera, se insistió en que el documento no debía interpretarse como un plan de venta en curso ni como una hoja de ruta para desprenderse de activos estratégicos.

Horas antes de esta aclaración oficial, la Unión Sindical Obrera (USO) se había pronunciado sobre el tema y solicitó al Ministerio de Hacienda la programación de una reunión para conocer el alcance del informe.

El sindicato expresó su preocupación por la información que circulaba en medios y pidió explicaciones sobre una eventual venta de activos, así como sus posibles efectos sobre el patrimonio público, la operación de la empresa, el empleo y la soberanía energética del país.

La organización planteó que este espacio permitiría obtener mayor claridad frente a los activos mencionados y los criterios que podrían sustentar decisiones futuras. Además, señaló la importancia de abrir un diálogo institucional que permitiera conocer la posición oficial del Gobierno y de Ecopetrol frente a este tema, en medio de la incertidumbre generada en la opinión pública tras la divulgación del informe.

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