Los escándalos que rodean la UNP: Corrupción y crimen en la entidad

La Unidad Nacional de Protección (UNP), ha estado en el centro de una serie de escándalos de corrupción y criminalidad. 

Desde que Augusto Rodríguez, un exguerrillero desmovilizado del M-19, asumió el cargo, la entidad ha sido sacudida por graves acusaciones que ponen en entredicho su integridad y eficacia.

Desde diciembre de 2022, la UNP ha estado bajo la lupa debido a una serie de incidentes que revelan un patrón alarmante de corrupción y malversación de recursos. 

Uno de los primeros y más impactantes escándalos ocurrió a inicios de diciembre de 2022, cuando las autoridades detuvieron una camioneta en Caloto, Cauca, que transportaba 150 kilos de cocaína. El vehículo formaba parte del esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, entonces subdirector de protección de la UNP.

El conductor de la camioneta, Manuel Antonio Castañeda, confesó posteriormente haber transportado al conocido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’. 

‘Matamba’ había escapado de una cárcel de máxima seguridad con la ayuda de trabajadores del Estado y fue posteriormente abatido por la Policía en Bolívar, Santander.

Otro escándalo significativo involucró la denuncia de alquiler de vehículos de protección a personas que no los necesitaban, realizada tras una investigación interna por el propio Rodríguez. 

En 2023, la Procuraduría General de la Nación inició investigaciones sobre varios casos de corrupción dentro de la UNP. 

Entre los casos más graves se encuentra el de los «falsos blindajes» de cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. Estos vehículos, asignados a líderes sociales y funcionarios públicos, no cumplían con los requisitos técnicos exigidos.

Esta situación llevó a la apertura de una investigación contra Ronald Rodríguez Rozo y Luis Ignacio Acosta González, coordinador del Grupo de Vehículos de Protección en 2018. 

También se investiga a Elver Oswaldo Franco Cerquera, quien era el coordinador del Control Interno Disciplinario, y a Mariantonia Orozco Durán, Jefa Jurídica en esa época, por no impulsar los procesos de incumplimiento contractual durante más de dos años.

En otra investigación, se descubrió un vehículo transportando 168 kilos de cocaína en Totoró, Cauca. Este vehículo estaba asignado al esquema de seguridad del ex subdirector de Protección, Ronald Rodríguez Rozo. 

La recurrente implicación de vehículos de la UNP en actividades ilegales ha sido una constante fuente de controversia y desconfianza pública.

Además, Javier Devia Pérez, un oficial de Protección de la UNP, está siendo investigado por ofrecer servicios de protección a cambio de dinero. Se descubrió que permitía la entrada de vehículos sin los debidos controles técnicos y los asignaba a diferentes esquemas de seguridad, comprometiendo aún más la integridad de la UNP.

El más reciente tiene que ver con la caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fue encontrada en el departamento de Antioquia transportando a disidentes de las Farc este 23 de julio.

Además de dar captura del peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc alias Firu, quien tenía vigente una orden de captura, se encontraron $100 millones de pesos, dólares, oro y armas.

Estos escándalos han desencadenado una ola de críticas hacia la administración de la UNP y el gobierno en general, cuestionando la capacidad de la entidad para cumplir su mandato de proteger a los más vulnerables. 

La situación es aún más preocupante dado que el Departamento Nacional de Inteligencia también está bajo la dirección de un exguerrillero del M-19, lo que alimenta las sospechas de complicidad con estructuras criminales.

La comunidad y los líderes sociales han llamado a una reforma integral de la UNP, exigiendo mayor transparencia, rendición de cuentas y una reevaluación completa de los mecanismos de protección. 

La situación actual no solo pone en riesgo la vida de aquellos que dependen de la UNP para su seguridad, sino que también mina la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.

Le puede interesar: “Ley No Más Olé”: Una nueva era para los derechos de los animales en Colombia