Lina María Garrido denunció que tuvo que recurrir a la justicia para recibir chaleco antibalas; acción fue admitida ayer

La congresista Lina María Garrido denunció este miércoles que tuvo que acudir a la justicia para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le entregara un chaleco antibalas, calificando la situación como un hecho “degradante para la democracia” en Colombia. La acción judicial presentada por la parlamentaria fue admitida ayer, según confirmó.

“Quiero contarles algo degradante para la democracia en Colombia, en vista que la izquierda nos está asesinando: tuve que tutelar para que la UNP me entregue un chaleco antibalas. La tutela fue admitida ayer”, afirmó Garrido en sus redes sociales.

La congresista explicó que esta situación evidencia un trato diferenciado hacia los integrantes de la oposición política. “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”, dijo, subrayando las dificultades que enfrenta para acceder a medidas de seguridad básicas que deberían otorgarse de manera rutinaria a los parlamentarios.

Garrido responsabilizó directamente al director de la UNP por la falta de atención a sus solicitudes. Según la parlamentaria, mientras la entidad estaría “presta a garantizar la seguridad de los bandidos y a comprar ‘mulas’ a 9 millones”, a quienes ejercen oposición política se les da como respuesta que “tranquila, que no están matando congresistas”. Este fue el mensaje que recibió en noviembre de 2024, durante la última comunicación que tuvo con la UNP.

Las declaraciones de la congresista se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en Colombia, especialmente de aquellos que han expresado críticas o posiciones opositoras frente al gobierno. Varios congresistas han alertado sobre amenazas y la necesidad de reforzar las medidas de protección para garantizar el ejercicio seguro de sus funciones.

La acción judicial presentada por Lina María Garrido busca que la UNP cumpla con la entrega del chaleco antibalas y se asegure de brindar la protección necesaria para que la parlamentaria pueda desempeñar sus labores sin riesgos. Hasta el momento, la entidad no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las acusaciones ni sobre la acción judicial admitida por la justicia.

El pronunciamiento de Garrido ha generado un debate sobre la efectividad de la UNP y la equidad en la entrega de medidas de protección, especialmente frente a la percepción de que ciertos sectores políticos podrían recibir trato preferencial.