Gremios energéticos advirtieron riesgos de liquidar Air-e y pidieron priorizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional

La discusión sobre el futuro de Air-e volvió a encender las alarmas en el sector energético colombiano. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de la compañía, siete de los principales gremios del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que piden que cualquier decisión esté sustentada en criterios técnicos, financieros y jurídicos que garanticen la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema energético nacional.

En el documento, suscrito por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, SER Colombia, Naturgas y la ACP, los gremios sostienen que la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, así como el abastecimiento de gas natural y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, son asuntos estratégicos para Colombia y podrían verse afectados por una medida apresurada.

Según explican, Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a los 2,7 billones de pesos con distintos agentes del mercado eléctrico. De ese monto, alrededor de 1,7 billones de pesos corresponden a generadores térmicos, actores fundamentales para la seguridad energética del país.

Los gremios señalaron que “la ausencia de una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural” puede afectar la cadena de pagos del sector, comprometer la liquidez de múltiples empresas y aumentar los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico.

La preocupación cobra mayor relevancia por la llegada del fenómeno de El Niño, que, según el comunicado, se extenderá durante los próximos meses. Este escenario demandará mayores niveles de solvencia financiera y capacidad operativa para asegurar el suministro de energía y gas natural en todo el territorio nacional.

En ese sentido, las organizaciones enfatizaron que “cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la estabilidad y confiabilidad del sistema”.

Los gremios también recordaron que la empresa actualmente se encuentra bajo una modalidad de toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismo que contempla una etapa de administración temporal destinada a estructurar una solución empresarial que permita garantizar la continuidad del servicio y atender las obligaciones financieras existentes.

Por ello, consideran que antes de avanzar hacia una eventual liquidación deben agotarse los mecanismos contemplados por la legislación colombiana para encontrar alternativas empresariales viables. Advirtieron que una liquidación sin una estrategia clara para el manejo de los pasivos acumulados y la continuidad del servicio podría generar efectos adversos para todo el sector energético.

Asimismo, solicitaron mayor transparencia sobre los análisis realizados por el Gobierno respecto a los impactos de una eventual liquidación. En el comunicado afirman que es necesario conocer los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una decisión de esa magnitud, así como las alternativas evaluadas para garantizar la prestación del servicio a los usuarios de La Guajira, Magdalena y Atlántico.

Los gremios manifestaron además que, pese a las propuestas que han presentado durante el proceso de intervención, “a la fecha no se ha dado a conocer una solución empresarial para prestación del servicio de energía eléctrica” en los departamentos donde opera Air-e, ni se han explicado mecanismos de financiación que aseguren la operación y el pago de las obligaciones de la empresa intervenida.

Ante este panorama, hicieron un llamado a los organismos de control para que ejerzan vigilancia preventiva y seguimiento permanente al proceso. El objetivo, señalaron, es garantizar que cualquier determinación preserve la continuidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para los usuarios.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y los demás actores del sector en la construcción de una salida estructural, ordenada y sostenible que proteja a los usuarios del Caribe colombiano y preserve la estabilidad e institucionalidad del sistema eléctrico nacional.