Gobierno anunció trámite especial para agilizar el ingreso de ayuda humanitaria tras terremoto del 10 de agosto

La respuesta estatal frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá un nuevo mecanismo para facilitar la llegada de ayuda internacional a las zonas afectadas. Así lo explicó el vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, quien presentó los alcances de un procedimiento especial diseñado para reducir los tiempos de ingreso de donaciones humanitarias al país.

La medida, adoptada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, establece una ruta temporal y abreviada para aquellas ayudas provenientes de otros países que estén destinadas directamente a atender las necesidades de las personas damnificadas por la emergencia.

El anuncio parte de una premisa planteada por el Ejecutivo: en situaciones de desastre, los procesos administrativos ordinarios pueden convertirse en un obstáculo para que los elementos indispensables lleguen oportunamente a quienes los necesitan. Soto explicó que la intención es modificar temporalmente esa dinámica y permitir que las donaciones puedan ingresar de manera más rápida, manteniendo al mismo tiempo los controles necesarios.

“Menos burocracia, más ayuda para quienes lo perdieron todo”, señaló el vocero al presentar la medida, haciendo énfasis en que la prioridad del Gobierno será acelerar la atención de las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico.

Según explicó Soto, entre los elementos que podrán ser objeto de donaciones internacionales se encuentran medicamentos, equipos médicos, reactivos, alimentos no perecederos, productos de higiene y otros insumos requeridos para responder a la emergencia.

El procedimiento busca que estas ayudas no tengan que atravesar los mismos trámites previstos para situaciones ordinarias. De acuerdo con la explicación entregada por el Gobierno, el decreto suspende temporalmente los procedimientos habituales aplicables a este tipo de donaciones y establece una ruta prioritaria para su evaluación y autorización.

Uno de los puntos centrales de la nueva disposición está relacionado con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Cuando la documentación y la información requerida estén completas, la entidad deberá autorizar o rechazar la donación en un plazo de 24 horas, según lo señalado por el vocero oficial.

La reducción de los tiempos, sin embargo, no implica que las donaciones queden exentas de controles. Soto insistió en que la agilización de los procedimientos busca eliminar trámites innecesarios, pero no las verificaciones destinadas a garantizar la seguridad de los productos que serán entregados a la población afectada.

“Eso no significa abrir las puertas sin control”, afirmó el funcionario, quien explicó que las ayudas deberán cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, deberán ser gratuitas y tener un propósito estrictamente humanitario. Además, deberán ser seguras e identificables y no podrán encontrarse vencidas, adulteradas o falsificadas.

El Gobierno también estableció que los productos recibidos bajo este mecanismo no podrán ser comercializados posteriormente. Con ello, la administración busca garantizar que las donaciones lleguen efectivamente a las personas y comunidades para las cuales fueron destinadas y evitar que la emergencia sea aprovechada para actividades comerciales irregulares.

Soto resumió la filosofía de la medida al señalar que el objetivo consiste en diferenciar entre los controles que resultan indispensables y aquellos procedimientos que pueden retrasar innecesariamente la atención de una emergencia.

“La instrucción es simple, eliminar la burocracia inútil, no los controles que protegen la vida”, expresó el vocero, quien destacó que la rapidez puede resultar determinante cuando se trata de atender a personas que requieren medicamentos, insumos médicos u otros elementos básicos después de un desastre natural.

El funcionario planteó además varios escenarios para explicar la importancia de reducir los tiempos de respuesta. “Un medicamento detenido por un trámite puede ser un tratamiento que no llega, un equipo médico represado puede ser una vida que espera, una donación paralizada puede ser una familia abandonada”, afirmó.

La decisión busca, de esta manera, facilitar la cooperación internacional durante la etapa de atención de la emergencia y permitir que los recursos provenientes de otros países puedan ser incorporados con mayor rapidez a las labores de asistencia.

Soto cerró su intervención con un mensaje que sintetiza la posición del Ejecutivo frente al nuevo procedimiento: “Cuando el país necesita ayuda, el Estado tiene que abrir el camino. Menos papeles, más soluciones. Menos demora, más humanidad”.