Galán denunció irregularidades en resolución ambiental que impactaría a Bogotá y la Sabana

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a la resolución emitida por el Gobierno Nacional para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, asegurando que el proceso no representa una consulta real y podría derivar en un fraude judicial.

Según el mandatario Distrital, la medida impulsada por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, podría afectar a millones de ciudadanos.

A través de su cuenta en X, Galán manifestó que “esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”. También afirmó que el Ministerio de Ambiente evitó el diálogo con la Administración Distrital, pese a que se habían realizado solicitudes reiteradas.

El Alcalde indicó que el próximo miércoles 5 de marzo, a las 7:00 a. m., anunciará las decisiones que tomó su administración frente a esta resolución y su impacto en la ciudad.

Por su parte, Muhamad aseguró que la medida busca armonizar el desarrollo urbano con la protección ambiental de la Sabana de Bogotá. Según el Ministerio de Ambiente, la resolución se elaboró tras más de un año de estudios y mesas de trabajo con comunidades, academia y organizaciones ambientales, sin embargo, la consulta permanecerá abierta hasta el 14 de marzo.

El documento establece medidas para la conservación de ecosistemas, protección de suelos y regulación del crecimiento urbano. Asimismo, busca definir la ronda hídrica del Río Bogotá, promover la restauración de humedales y garantizar el uso agropecuario del suelo rural. También plantea revisar la disponibilidad del agua en la Sabana y ajustar las concesiones hídricas.

El Ministerio indicó que la resolución impactará a 35 municipios de Cundinamarca, 4 del Meta y a Bogotá, con medidas destinadas a la protección del medioambiente y el ordenamiento territorial.

La postura de Galán y su acusación sobre un posible fraude judicial generan un nuevo punto de tensión entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital. Se espera que en las próximas horas se conozcan las acciones legales y administrativas que tomará la Alcaldía de Bogotá en respuesta a esta resolución.

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