Fracasa millonario contrato para equipos antidrones y deja al Ejército sin protección tecnológica en el Catatumbo

Los equipos no superaron las pruebas técnicas

La estrategia para dotar al Ejército Nacional de tecnología capaz de neutralizar drones utilizados por grupos armados en el Catatumbo sufrió un importante contratiempo. Casi un año después de adjudicado un contrato por más de $80.000 millones, los equipos previstos para entrar en funcionamiento continúan fuera de servicio tras fallar durante las pruebas de verificación técnica.

La adquisición contemplaba la compra de 19 sistemas antidrones, distribuidos en tres equipos fijos y 16 semifijos, destinados principalmente a reforzar la seguridad en Norte de Santander, una de las regiones más afectadas por el uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.

Sin embargo, fuentes del sector defensa señalaron que los dispositivos no cumplieron con los estándares operacionales exigidos por el Ejército, razón por la cual fueron rechazados y devueltos al proveedor.

El incumplimiento abrió un proceso contractual

De acuerdo con la información conocida, el contrato fue adjudicado durante 2025, cuando el general retirado Erick Rodríguez ejercía como segundo comandante del Ejército Nacional.

Inicialmente, los sistemas debían estar operativos en diciembre de ese año. Posteriormente, el contratista solicitó una prórroga que fue aceptada, trasladando la fecha de entrega para febrero de 2026.

No obstante, al momento de llevar a cabo las pruebas técnicas, los equipos no respondieron a las condiciones requeridas para enfrentar las amenazas presentes en el Catatumbo.

Según fuentes militares consultadas por distintos medios nacionales, una de las principales fallas consistió en la incapacidad de los sistemas para detectar drones enemigos, lo que impedía su utilización en operaciones reales.

Ante esa situación, el contrato entró en una etapa de debido proceso administrativo, durante la cual se evaluarán las causas del incumplimiento, se analizará una posible conciliación con el contratista y, de no alcanzarse un acuerdo, podrían hacerse efectivas las pólizas de garantía y aplicarse sanciones contractuales.

La región continúa enfrentando ataques con drones explosivos

Mientras avanza la revisión del contrato, la situación de seguridad en el Catatumbo mantiene elevados niveles de preocupación.

Durante lo corrido del año se han registrado 172 ataques mediante drones cargados con explosivos, una modalidad de acción armada que, según cifras conocidas, ha dejado seis integrantes de la Fuerza Pública fallecidos, cinco civiles muertos y 141 personas heridas.

La utilización creciente de esta tecnología por parte de estructuras armadas ilegales convirtió la adquisición de sistemas antidrones en una de las prioridades del sector defensa.

Sin embargo, la ausencia de los equipos mantiene a las tropas sin una herramienta tecnológica diseñada para detectar e inutilizar este tipo de amenazas.

Uno de los hechos recientes ocurrió en Tibú, donde un explosivo lanzado desde un dron impactó instalaciones del aeropuerto, causando daños en la infraestructura y dejando tres civiles lesionados.

Codaltec estuvo a cargo del proceso de adquisición

Sobre el origen del contrato, el general en retiro Erick Rodríguez explicó que el Ministerio de Defensa expidió una directiva mediante la cual se estableció que todas las compras relacionadas con sistemas antidrones debían ser ejecutadas por la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec).

De acuerdo con esa versión, la entidad no fabricaba directamente los equipos, por lo que recurrió a un proveedor colombiano que ofreció un sistema desarrollado en Australia.

Las fuentes consultadas indicaron que el Ejército entregó previamente las especificaciones técnicas requeridas para el sistema, mientras que Codaltec asumió la responsabilidad del proceso de adquisición y contratación.

Existe preocupación por el futuro de los recursos

Además del impacto operativo, el caso plantea interrogantes sobre el destino de los recursos públicos comprometidos.

Si el proceso administrativo concluye con la declaratoria de incumplimiento y no prospera una solución contractual, los cerca de $80.000 millones asignados para la compra podrían regresar al Tesoro Nacional, lo que impediría su utilización inmediata para atender la necesidad operativa del Ejército en el Catatumbo.

Entretanto, la Fuerza Pública continúa enfrentando una amenaza creciente sin contar con los equipos tecnológicos previstos para contrarrestarla. La situación evidencia los retos que enfrenta la contratación pública en materia de defensa, especialmente cuando las necesidades operacionales requieren respuestas rápidas y soluciones plenamente funcionales frente a un escenario de violencia cada vez más complejo.