Exministros Bonilla y Velasco no aceptan cargos por presunta red criminal ligada a la UNGRD. Avanzan procesos por uno de los escándalos más graves del actual gobierno

Los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco del Interior; no aceptaron los cargos que la Fiscalía General les imputó por concierto para delinquir, peculado por apropiación y otros delitos asociados a una presunta estructura criminal que, según la investigación, habría operado desde el Palacio de Nariño para direccionar contratos, desviar recursos públicos y financiar la compra de votos en el Congreso a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.

La audiencia, realizada este lunes, marca un nuevo capítulo en el caso que sacudió al país desde marzo de 2024, cuando el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, revelaron ante la justicia y los medios una presunta operación política destinada a asegurar mayorías legislativas para el gobierno. En sus declaraciones, ambos señalaron que altos funcionarios del Ejecutivo habrían ordenado la compra irregular de carrotanques, kits de maquinaria y contratos inflados para recaudar dinero destinado a influir en votaciones clave del Congreso, particularmente reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco integraban, según la hipótesis investigativa, el primer anillo político encargado de coordinar órdenes y gestionar los recursos que se movieron dentro de la UNGRD. El ente acusador sostiene que hubo una “estructura organizada” que operó desde altos cargos del Gobierno para el desvío sistemático de fondos públicos. Sin embargo, ninguno de los dos exministros aceptó los cargos y sus defensores anunciaron que demostrarán que no existe evidencia que los vincule con una organización criminal.

El caso tiene especial sensibilidad política porque ambos exministros fueron parte del círculo más cercano del presidente Petro durante su primer año y medio de gobierno. Velasco era considerado uno de los operadores políticos de mayor confianza del mandatario, mientras que Bonilla fue el responsable de ejecutar el plan macroeconómico durante las reformas sociales.

Las declaraciones de López y Pinilla incluyen señalamientos en los que, presuntamente, habrían recibido instrucciones directas de “altos niveles del Gobierno”, lo que ha generado tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el alcance de la investigación.

La defensa de los exministros insiste en que las imputaciones se basan únicamente en testimonios sin soporte documental, mientras que la Fiscalía sostiene que cuenta con chats, trazabilidad de contratos y declaraciones coincidentes que permiten inferir su participación.

El proceso continúa en etapa preliminar mientras el país observa cómo se desarrolla uno de los escándalos más comprometedores para el actual Gobierno, cuyo impacto político aún está por verse.