Exdirector de Inteligencia defendió reunión con entorno de María José Pizarro y alias ‘Boyaco Sinaloa’: aseguró que se hizo bajo la Ley de Inteligencia

La controversia alrededor de una reunión entre un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora María José Pizarro, funcionarios vinculados a la inteligencia del Estado y Ferney Rincón, conocido con el alias de ‘Boyaco Sinaloa’, sumó un nuevo capítulo luego de la información revelada en primicia por Caracol Radio y la posterior circulación de un documento que defiende la legalidad de dicho encuentro.

De acuerdo con lo revelado por ese medio, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, respondió a los cuestionamientos surgidos tras conocerse referencias públicas al encuentro y aseguró que este se desarrolló dentro de las facultades otorgadas por la Ley de Inteligencia colombiana.

La discusión comenzó luego de que el pasado 11 de junio la congresista María José Pizarro hiciera referencia desde su cuenta en X a información sobre un video relacionado con una reunión en la que habrían participado un integrante de su UTL, el entonces director de la DNI, integrantes de su equipo de trabajo y Ferney Rincón.

Según lo señalado por la propia congresista, el encuentro se habría realizado durante 2025 con autorización institucional de la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque sostuvo que la participación del integrante de su equipo se habría producido sin su autorización.

Posteriormente comenzó a circular un documento fechado el 14 de junio de 2026 bajo el título “Documento sobre filtración de información privilegiada”, en el que se plantea una defensa de la actuación institucional y se advierte sobre los efectos que tendría la divulgación pública de información relacionada con operaciones de inteligencia.

En uno de sus apartados, el documento sostiene que “la reciente filtración de información genera una alerta significativa pues se está compartiendo información de inteligencia de carácter reservada, protegida por la Ley 1621 de 2013, al revelar medios, métodos y fuentes de inteligencia”.

La posición expuesta coincide con lo manifestado por Jorge Lemus a Caracol Radio, donde insistió en que la reunión no obedeció a actuaciones informales ni irregulares, sino a funciones propias de inteligencia desarrolladas dentro del marco normativo vigente.

El documento también señala que el encuentro ocurrió “en el marco de ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del señor presidente de la República y el Plan Nacional de Inteligencia”, en asuntos relacionados con el análisis de economías ilícitas y fenómenos asociados al narcotráfico.

Otro de los apartados asegura que la actividad tuvo carácter de entrevista y que estuvo “debidamente trazada en misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI”, indicando además que se habría actuado conforme al artículo 4 de la legislación que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

El documento va más allá y advierte sobre posibles consecuencias derivadas de la divulgación de esta información. En uno de sus apartes afirma que la filtración de estos datos reservados “pone en riesgo la vida del exdirector de la DNI así como la de sus agentes”, al considerar que quedarían expuestos procedimientos y capacidades institucionales.

Finalmente, el texto propone que se adelante una investigación para establecer quiénes habrían filtrado información considerada sensible para el Estado colombiano.