Entes de control investigarán intimidaciones de militares en Tierralta y promueven diálogo social

Las autoridades han tomado medidas decisivas ante las preocupantes intimidaciones realizadas por un grupo de militares en contra de civiles campesinos en la vereda Bocas del Manso, ubicada en la zona rural del municipio de Tierralta, perteneciente al sur de Córdoba en la subregión del Alto Sinú. Para abordar esta situación, se prevé la visita del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en un esfuerzo por restablecer los derechos y garantizar la no repetición de estos actos.

El secretario del Interior de Córdoba, Jairo Baquero Puentes, anunció que se asignarán recursos para facilitar el desplazamiento de las comisiones de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las intimidaciones. El Ejército Nacional se compromete a colaborar con estas instituciones para garantizar la transparencia institucional y el éxito de las investigaciones.

Baquero Puentes también destacó la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a sujetos especiales de protección en la zona, solicitando la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en este proceso.

Asimismo, se enfatizó que la Fuerza Pública continuará cumpliendo su misión constitucional para garantizar la seguridad de las comunidades locales y prevenir desplazamientos hacia otras regiones. Esto se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio del Interior, la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Tierralta, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones relevantes.

El próximo jueves 14 de septiembre, se llevará a cabo un diálogo social en la vereda del Manso, municipio de Tierralta, con la participación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Este evento tiene como objetivo el restablecimiento de los derechos y garantías de no repetición, además de evaluar la asistencia humanitaria en la zona, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

La Procuraduría General de la Nación ha asumido la investigación disciplinaria, y un grupo interdisciplinario liderado por el Procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, estará presente en el territorio para supervisar el caso. Además, la Fiscalía ha desplegado un equipo de Fiscales en Derechos Humanos e Investigadores para esclarecer los hechos y llevar a cabo actos urgentes.

La Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, junto con la Alcaldía de Tierralta, recibirán denuncias relacionadas con la violación de los derechos humanos, garantizando así una atención integral a la comunidad afectada.