Colombia eligió Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria

Tras la jornada de elecciones del pasado domingo 26 de abril, en Colombia se eligieron más de 63.000 Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas de Vivienda Comunitaria (JVC), en cumplimiento de lo establecido por la Ley 2166 de 2021. Este proceso, de carácter local y participativo, se consolidó como uno de los principales mecanismos de organización social en barrios, veredas y conjuntos residenciales del país.

Las autoridades electorales y los entes territoriales coordinaron la logística necesaria para garantizar la participación de los ciudadanos inscritos en los libros de afiliados de cada organización comunal. La normativa vigente dispone que únicamente los miembros activos de las juntas podían ejercer su derecho al voto, bajo procedimientos previamente reglamentados que incluyen verificación de identidad, quórum deliberatorio y supervisión institucional.

Las Juntas de Acción Comunal operan como organizaciones cívicas sin ánimo de lucro, encargadas de promover el desarrollo integral de sus comunidades. Entre sus funciones principales se incluyen la identificación de necesidades locales, la gestión de proyectos de infraestructura básica, la articulación con entidades públicas y privadas, y la promoción de la participación ciudadana. Estas juntas también sirven como canales de interlocución entre los habitantes y las autoridades municipales, facilitando la ejecución de políticas públicas a nivel territorial.

Por su parte, las Juntas de Vivienda Comunitaria se enfocan en procesos relacionados con la autogestión y administración de proyectos habitacionales. Su ámbito de acción comprende la planificación, construcción y mantenimiento de soluciones de vivienda colectiva, especialmente en sectores de interés social. Además, estas organizaciones administran recursos comunes, coordinan mejoras locativas y velan por el cumplimiento de normas de convivencia dentro de sus comunidades.

La Ley 2166 de 2021 fortalece el marco jurídico de estas organizaciones al actualizar sus mecanismos de funcionamiento, transparencia y control interno. La legislación introduce disposiciones orientadas a modernizar los procesos electorales comunales, incluyendo el uso de herramientas digitales para el registro de afiliados y la rendición de cuentas. Asimismo, estableció criterios más estrictos para la elección de dignatarios, buscando garantizar mayor legitimidad y representatividad.

El proceso electoral de 2026 se desarrolló en un contexto de creciente interés por la gobernanza local y la descentralización administrativa. Expertos en participación ciudadana señalaron que estas elecciones representaban una oportunidad para renovar liderazgos comunitarios y fortalecer la gestión colectiva en territorios con diversas dinámicas sociales y económicas.

Las autoridades hicieron un llamado a la participación informada y al respeto por las normas establecidas, con el objetivo de asegurar la transparencia del proceso.