Denuncian incoherencias en la JEP sobre casos de falsos positivos

Ariel Ricardo Armel, activista y empresario ganadero, ha revelado una serie de incoherencias en la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a los casos de presuntos falsos positivos que se habrían cometido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según Armel, la JEP inicialmente respondió a sus solicitudes con un cuadro en el que afirmaba que existen exactamente 6.402 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales bajo la administración de Uribe. Sin embargo, en el mismo documento, la JEP contradice su propia información al señalar que no ha podido condenar a nadie por estos hechos y, más adelante, termina afirmando que no existen 6.402 expedientes de ejecuciones extrajudiciales.

Armel cuestiona la fiabilidad de los datos presentados por la JEP y destaca la falta de coherencia en su respuesta oficial. En sus palabras, «es muy evidente el odio con el que se inventaron esa cifra», sugiriendo que la cifra de 6.402 presuntos casos ha sido manipulada o fabricada con fines políticos.

La denuncia de Armel ha generado reacciones en distintos sectores, que ven con preocupación cómo una institución clave para la justicia transicional en Colombia puede emitir información contradictoria en temas tan delicados como los falsos positivos. Para muchos, este tipo de inconsistencias afecta la credibilidad de la JEP en su labor de esclarecimiento de la verdad y justicia.

El activista, que formuló su consulta directamente a la JEP, plantea la necesidad de mayor claridad y transparencia en las cifras relacionadas con los crímenes cometidos durante el conflicto armado, especialmente en un tema que ha sido utilizado para polarizar el debate político en el país.

La JEP, creada para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, ha enfrentado críticas tanto por su lento avance como por la confusión generada alrededor de los datos sobre los falsos positivos. Este nuevo episodio, expuesto por Armel, pone en evidencia la urgencia de un mayor rigor en los procedimientos y la comunicación de la entidad.

La polémica sigue abierta, y la sociedad colombiana está a la espera de respuestas más contundentes por parte de la JEP para disipar las dudas sobre su gestión y las cifras que ha manejado hasta ahora.