Defensoría del Pueblo reporta 60 muertos y al menos mil familias desplazadas en el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo informe sobre la situación de seguridad en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han generado graves afectaciones humanitarias desde el 16 de enero d
La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo informe sobre la situación de seguridad en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han generado graves afectaciones humanitarias desde el 16 de enero de 2025.
Según el informe divulgado el 18 de enero, 60 personas han muerto de manera violenta en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre las víctimas se encuentran siete firmantes de paz y el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
Desplazamiento forzado y confinamiento
El informe detalla que cerca de 1.000 familias han sido desplazadas por el conflicto. En Ocaña se reporta la llegada de 850 familias, en Tibú 2.500 personas, en Ábrego 37 familias y en El Tarra 68 personas desplazadas. En Cúcuta, un censo en proceso calcula la llegada de un centenar de familias que buscaron refugio en el Palacio Municipal.
Adicionalmente, la Cancillería colombiana informó sobre el desplazamiento de 60 personas hacia la región de El Zulia, en Venezuela, y la Defensoría no descarta que más familias hayan cruzado la frontera.
La situación también afecta a comunidades indígenas como los Yukpa, quienes enfrentan riesgos de desplazamiento o ya han abandonado sus territorios en San Pablo, Teorama, y en áreas urbanas de Tibú y Cúcuta. Según datos de la Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa, 631 personas están en riesgo, de las cuales 5 familias han migrado hacia Venezuela.

Así mismo, se registra que desde el 16 de enero, 20 personas han sido secuestradas por los grupos armados, entre ellas 10 mujeres. Según la Defensoría, 17 personas permanecen retenidas, incluidos tres firmantes de paz en Convención y Teorama. Doce de los secuestros habrían tenido fines extorsivos.
La organización también alertó sobre los riesgos para firmantes de paz, líderes sociales, niños y niñas, mujeres gestantes y personas mayores. La escasez de alimentos en algunas comunidades y la suspensión de actividades económicas y educativas agravan la crisis humanitaria en la región.
Llamado a las autoridades
La Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para garantizar atención humanitaria integral a las personas afectadas. Asimismo, instó a los grupos armados a permitir el acceso de las autoridades y a cesar los ataques contra la población civil.
“Hacemos un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral de las personas victimizadas en este contexto. Asimismo, habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población (…) A los grupos armados, y particularmente al ELN, permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil”, concluyó la entidad.
Los combates entre el ELN y las disidencias continúan en la región, y la Defensoría del Pueblo sigue monitoreando la situación. Los operativos de rescate avanzan, pero la complejidad del contexto plantea desafíos significativos para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
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