Defensoría del Pueblo atiende a 130 familias desplazadas por enfrentamientos armados en Norte de Santander

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que 130 familias, integradas por cerca de 300 personas, están siendo atendidas en la ciudad de Cúcuta por la regional de la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander, en coordinación con la Personería de Cúcuta. La atención se brinda a grupos familiares que han llegado en los últimos días como consecuencia de la situación de orden público en zonas rurales del departamento.

Según explicó la Defensora, las familias desplazadas provienen de los sectores rurales de Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, así como del corregimiento de Filogringo, en jurisdicción de El Tarra. De acuerdo con la información entregada, en estas zonas continúan los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias, lo que ha generado el desplazamiento de población civil hacia la capital del departamento.

Iris Marín señaló que las personas afectadas están recibiendo acompañamiento institucional desde el momento de su llegada a Cúcuta. “130 familias conformadas por cerca de 300 personas, son atendidas en Cúcuta por parte de nuestra regional de Norte de Santander y de la Personería de Cúcuta”, indicó la Defensora del Pueblo al referirse a la situación humanitaria que se presenta en la zona.

La Defensoría del Pueblo informó que las acciones adelantadas incluyen el acompañamiento a las familias y el seguimiento a la activación de la ruta de atención a víctimas del conflicto armado, con el fin de garantizar el acceso a la oferta institucional correspondiente. En este proceso participan las entidades competentes del orden local y regional, bajo los lineamientos establecidos para la atención integral a la población desplazada.

“Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”, señaló Marín, al precisar que la labor de la entidad se centra en la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por el desplazamiento forzado.

La Defensora del Pueblo reiteró que la situación en las zonas rurales de Tibú y El Tarra continúa generando riesgos para la población civil, debido a la persistencia de los enfrentamientos armados. En ese contexto, hizo un nuevo llamado a los actores armados ilegales para que suspendan las hostilidades y respeten a las comunidades que habitan estos territorios.

“Nuevamente hacemos un llamado a los grupos armados para que cesen de inmediato los combates y dejen a la población civil fuera del conflicto”, afirmó la funcionaria, al referirse a la necesidad de evitar nuevas afectaciones humanitarias en la región del Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo señaló que mantiene monitoreo permanente sobre la situación de seguridad y desplazamiento en Norte de Santander, en especial en los municipios más afectados por la confrontación armada. La entidad indicó que continuará articulando acciones con las autoridades locales, la Personería de Cúcuta y otras instituciones del Estado para garantizar la atención y protección de las familias que han sido obligadas a abandonar sus lugares de origen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre retornos ni sobre nuevas cifras de desplazamiento en la zona, mientras se mantiene la atención a las familias que permanecen en Cúcuta. La Defensoría del Pueblo reiteró que seguirá acompañando a las víctimas y verificando el cumplimiento de las medidas de atención previstas en la normatividad vigente.