¿De qué se trata el plan para retorno seguro de desplazados en el Catatumbo del Gobierno?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el plan destinado a facilitar el retorno de comunidades desplazadas en el Catatumbo, Norte de Santander.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el plan destinado a facilitar el retorno de comunidades desplazadas en el Catatumbo, Norte de Santander.
La estrategia incluye formalización de tierras, transformación de cultivos ilícitos, reconocimiento de territorios forestales, constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y el programa ‘Fincas para la Paz’.
El conflicto en la región ha sido marcado por enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las extintas Farc, lo que ha generado desplazamientos masivos y confinamientos forzados. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), 75.500 personas han sido afectadas, de las cuales 51.900 fueron desplazadas y 26.300 permanecen confinadas. Ante esta crisis humanitaria, el presidente Gustavo Petro decretó la conmoción interior para la implementación del ‘Plan Catatumbo’.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeLa ANT informó que el programa contempla la formalización de 30.000 hectáreas con el fin de garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad. Además, se impulsará la transformación de 1.500 hectáreas con presencia de cultivos de coca mediante acuerdos de sustitución. La constitución de la ZRC beneficiará a 61 caseríos en Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén, abarcando 59.000 hectáreas.
El plan también establece la asignación de 5.000 hectáreas para la conservación y aprovechamiento de áreas ecológicas, donde campesinos actuarán como guardianes de reservas forestales. En el marco del programa ‘Fincas para la Paz’, se adquirirán 3.500 hectáreas mediante ofertas voluntarias, destinadas a asociaciones campesinas para desarrollar sistemas productivos y albergues humanitarios.
Algunos habitantes que intentaron retornar de manera voluntaria encontraron sus viviendas minadas, lo que los obligó a desplazarse nuevamente. Presuntos miembros del ELN habrían instalado explosivos en las viviendas como parte de una estrategia de despojo.
Líderes comunitarios denunciaron que quienes no comparten la ideología del grupo armado enfrentan restricciones, incluyendo la prohibición del uso de teléfonos por un año para determinar si pueden permanecer en sus tierras.
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