Cuatro rectores más de universidades se pronuncian sobre la Ley Estatutaria  de Educación

Los rectores de la Universidad Nacional de Colombia Dolly Montoya Castaño ,JohnJairo Arboleda Céspedes  de la Universidad de Antioquia, Hernán Porras Díaz de la Universidad Industrial de Santander y Edgar Varela Barrios de la de la Universidad del Valle hicieron su pronunciamiento  reconociendo el esfuerzo del Gobierno nacional al presentar el proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación; además, plantean consideraciones frente al proceso de discusión que tendrá el proyecto, la autonomía universitaria y la superación del déficit presupuestal que mantienen las universidades públicas.

Estos rectores vienen sumando esfuerzos para fortalecer la educación superior pública en el país, defendiendo su carácter de derecho fundamental, progresivo y de servicio público esencial.

Reconocen el esfuerzo del Gobierno Nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos los niveles, recogido en el bloque de constitucionalidad y el precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional.

Pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creen firmemente que ella es necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia.

Los rectores proponen que el articulado  debe iniciar su discusión en el Congreso de la República, en este escenario las universidades y demás actores del sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial, equidad; promoviendo que, además, estos elementos se articulen con otras iniciativas gubernamentales como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, en donde está construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades.

Buscan un propósito como universidades públicas en garantizar el desarrollo y la construcción de la nación desde sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Por esta razón, respaldamos la apuesta del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto.

Defienden la autonomía universitaria reconocida en la Constitución como un derecho que guarda directa relación con la función social y el carácter misional de las Universidades.

Consideran que es pertinente que este se fortalezca y permita que las universidades puedan seguir creando y gestionando conocimiento en independencia, estas características también configuran la realidad del   sistema y no pueden ponerse en riesgo al desconocer las diferencias entre las instituciones de la educación superior.

Recorrer la ruta de la transformación que pretende atravesar nuestro país en su educación exige adecuaciones institucionales y tomar medidas urgentes para la superación del déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades. En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para agilizar el trámite de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 tal como lo manda la Ley 2294 de 2023 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.