Corjusticia exigió garantías y respaldo para la juez Sandra Heredia

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) emitió este lunes un fuerte pronunciamiento en defensa de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a quien le fue asignado el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización gremial expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y advirtió sobre la necesidad de garantizar su autonomía. «Recordando la importancia de la independencia y autonomía judicial en el Estado Social y Democrático de Derecho, hace un llamado a las autoridades públicas, a los medios de comunicación, a las partes e intervinientes del proceso mencionado, y en general, a la comunidad nacional e internacional a respetar el ejercicio funcional de la Dra. Heredia Aranda».

El pronunciamiento se da en medio de una creciente atención mediática y política sobre el proceso que involucra al exmandatario, y en el que Corjusticia insiste en que cualquier decisión de la jueza «únicamente podrá ser controvertida a través de los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por la ley».

Además de manifestar su respaldo, la corporación instó a las entidades del Estado a tomar medidas efectivas para proteger a la jueza y su equipo. «Se solicita a todas las autoridades, en especial, al Gobierno Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, y a las entidades encargadas de brindar servicios de protección personal, continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces de la República (…) las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso», puntualiza el comunicado.

Corjusticia está afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y a la Unión Internacional de Magistrados, y representa a funcionarios judiciales de diferentes distritos judiciales del país. La organización concluyó reiterando su compromiso con la defensa de la función judicial libre de presiones y amenazas.