Contraloría señaló vacío de siete meses en expedición de pasaportes: Exigió a Cancillería definir responsable del suministro

La Contraloría General de la República volvió a emitir una alerta ante el riesgo de desabastecimiento de pasaportes en el país. La advertencia está contenida en un documento de control interno con fecha del 22 de julio, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, en el que se señala que “la situación de riesgo en la producción de pasaportes no ha sido superada”.

Luis Enrique Abadía, contralor delegado para el tema, explicó en una entrevista reciente, que el seguimiento a este proceso se inició el 1 de junio de 2023, como parte de la función de control preventivo.

La advertencia se fundamenta en la existencia de un “interregno de tiempo” que se abrirá entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, en el cual no hay claridad sobre qué entidad o empresa asumirá la expedición de pasaportes.

El contrato vigente con el actual operador finaliza el 31 de agosto de 2025, mientras que el nuevo modelo, liderado por la Imprenta Nacional, comenzaría el 1 de abril de 2026. En ese período de siete meses no existe una contratación formal para asegurar la continuidad del servicio. “Ahí es donde se cierne realmente el riesgo de afectación de la prestación del servicio”, subrayó Abadía.

Frente a este escenario, la Cancillería habría garantizado a la Contraloría que, si es necesario, se activaría una adición presupuestal para que el actual operador, Thomas Greg & Sons, continúe con la producción de pasaportes hasta cubrir la demanda hasta el 31 de agosto. “La Cancillería asegura estar absolutamente preparada por si tal eventualidad sucede”, dijo el funcionario.

A pesar de estas garantías, la Contraloría insiste en que se requieren medidas extraordinarias para asegurar la prestación del servicio durante ese vacío operativo. Abadía indicó que esto implicaría contratar un operador que se haga cargo del suministro en ese período que actualmente no cuenta con cobertura.

La situación también ha despertado preocupaciones sobre eventuales sobrecostos y posibles afectaciones al erario. Aunque por ahora el proceso del nuevo modelo se encuentra en etapa preparatoria, la Contraloría señaló que aplicará un control posterior y selectivo para verificar si hubo eficiencia en el manejo de los recursos y si se concretó algún tipo de daño patrimonial.

En medio del proceso, el Gobierno había planteado a Portugal como socio estratégico. Un memorando de entendimiento había sido firmado con la República de Portugal, y la segunda urgencia manifiesta de 2024 fue aprobada en función de un cronograma que contemplaba la participación de la Casa de la Moneda de ese país.

Sin embargo, el seguimiento de la Contraloría, iniciado el pasado 20 de junio, evidenció que no se cumplieron los plazos establecidos. En particular, el acuerdo comercial tripartito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, previsto para diciembre de 2023, no se firmó. Esto ha generado una interrupción de aproximadamente ocho meses en el cronograma previsto.

La Contraloría continuará el seguimiento al proceso y reiteró la necesidad de definir, con urgencia, un mecanismo claro de contratación que evite una posible parálisis en la expedición de pasaportes en el país.