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MinTIC inicia investigaciones contra Starlink y operadores móviles por fallas en el control de señales en cárceles

El Ministerio de TIC formuló cargos contra Starlink y los principales operadores móviles del país tras hallar antenas satelitales y miles de dispositivos en centros penitenciarios como La Picota y Bellavista.

IFM Noticias
Redacción
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MinTIC inicia investigaciones contra Starlink y operadores móviles por fallas en el control de señales en cárceles
Imagen: IFMERAImagen procesada con IA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha tomado medidas contundentes frente a la problemática de las comunicaciones no autorizadas en los centros de reclusión del país. En una acción administrativa sin precedentes, la entidad anunció la apertura de investigaciones y la formulación de cargos contra la empresa Starlink Colombia S.A.S., así como contra los principales operadores de telefonía móvil que operan en el territorio nacional. El eje central de estas actuaciones radica en el presunto incumplimiento de las obligaciones legales que exigen a estas compañías atenuar y restringir las señales de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia.

El hallazgo de tecnología satelital en centros de reclusión

La lupa de las autoridades se posó sobre Starlink Colombia S.A.S. tras una serie de operativos y verificaciones técnicas que revelaron una situación alarmante. Durante una intervención realizada en el centro penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá, las autoridades hallaron seis antenas de la mencionada empresa, las cuales estaban siendo utilizadas para proveer conectividad de alta velocidad de manera irregular. Este hallazgo fue el detonante para que el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC iniciara un rastreo técnico más profundo.

Las labores de inspección del CMIC permitieron identificar conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por la tecnología de Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios estratégicos: La Picota en Bogotá; Bellavista en el municipio de Bello, Antioquia; el centro de Acacías en el departamento del Meta; y Las Heliconias en Florencia, Caquetá. La presencia de esta infraestructura satelital sugiere una evasión de los controles tradicionales, lo que ha motivado al Ministerio a determinar si la empresa adoptó las medidas técnicas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde el interior de estos penales.

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Marco legal y obligaciones de los proveedores

La normativa colombiana establece responsabilidades claras para quienes proveen servicios de conectividad. Según el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber ineludible de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Esta obligación busca evitar que las ondas electromagnéticas permitan la salida o entrada de datos y voz que puedan ser utilizados para fines delictivos.

En este sentido, el MinTIC busca establecer si Starlink y los demás operadores han sido negligentes en la implementación de barreras técnicas. La ley no solo exige la presencia de equipos de bloqueo por parte del Estado, sino que traslada una responsabilidad activa a las empresas para que sus señales no tengan un alcance efectivo dentro de los perímetros carcelarios definidos por el Gobierno Nacional.

Investigaciones contra operadores de telefonía móvil

Además del proceso contra Starlink, el Ministerio ha extendido la formulación de cargos a los gigantes de la telefonía móvil en Colombia. Las empresas vinculadas formalmente a estas investigaciones son Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (COMCEL/Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil - Colombia Telecomunicaciones (TIGO). En estos casos, el foco de la investigación es el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles, específicamente en el establecimiento penitenciario La Picota.

La magnitud del desafío que enfrenta el Estado quedó evidenciada en las cifras reportadas tras los operativos en La Picota. Además de las seis antenas de Starlink, se incautaron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems, junto con otros elementos electrónicos de comunicación. Esta cantidad masiva de dispositivos operando dentro de una cárcel de alta seguridad pone en entredicho la efectividad de las medidas de restricción de señal que los operadores aseguran haber implementado.

Posibles sanciones y consecuencias para las empresas

El proceso administrativo que se adelanta garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las empresas involucradas. Sin embargo, de comprobarse que existió una omisión o incumplimiento de las normativas vigentes, las consecuencias financieras y operativas podrían ser severas. Las sanciones contempladas en la ley incluyen multas que pueden alcanzar los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, calculados en su equivalencia legal aplicable.

Más allá de las multas económicas, el MinTIC tiene la facultad de imponer sanciones administrativas adicionales, tales como la suspensión temporal de las operaciones o, en casos de extrema gravedad, la cancelación de las licencias, autorizaciones o permisos de funcionamiento. El Gobierno Nacional ha sido enfático al advertir que los centros de reclusión no pueden seguir operando como bases logísticas para la coordinación de actividades criminales, tales como la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Vigilancia estricta y autoridad estatal

El Ministerio ha reiterado que las obligaciones legales no son opcionales y que ninguna empresa, independientemente de su tamaño o tecnología, está exenta de responder ante las autoridades. La lucha contra la criminalidad organizada exige cerrar de manera definitiva los canales de comunicación que permiten a los delincuentes seguir activos tras las rejas. El objetivo final de estas actuaciones es asegurar que en las cárceles del país prevalezca la autoridad del Estado y no la capacidad de maniobra de las organizaciones criminales a través de las telecomunicaciones.

Con estas investigaciones, el MinTIC envía un mensaje claro a la industria: la prestación de servicios de telecomunicaciones conlleva una responsabilidad social y legal vinculada a la seguridad nacional. El seguimiento a estos procesos será estricto, buscando que los operadores adopten de manera inmediata las soluciones técnicas necesarias para neutralizar cualquier señal que pueda ser aprovechada de forma ilícita en el sistema penitenciario colombiano.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el MinTIC formuló cargos contra Starlink y otros operadores?

El Ministerio investiga el presunto incumplimiento de las empresas en su obligación legal de atenuar y restringir las señales de telecomunicaciones en los centros penitenciarios del país.

¿Qué hallazgos motivaron estas investigaciones?

Se encontraron seis antenas satelitales de Starlink proveyendo internet de alta velocidad en cárceles como La Picota, además de la incautación de miles de tarjetas SIM y cientos de celulares.

¿Cuáles son las posibles sanciones para las empresas involucradas?

Las compañías podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales, la suspensión temporal de sus operaciones o incluso la cancelación de sus licencias de funcionamiento.

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