Contraloría estableció hallazgos fiscales por $4.642 millones en CORALINA por contrato de recuperación de arrecifes en San Andrés

La Contraloría General de la República informó los resultados de una Auditoría de Cumplimiento realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, correspondiente a la vigencia 2023-2024, en la que se determinaron hallazgos fiscales por $4.642 millones.

De acuerdo con el ente de control, en el proceso auditor “se determinaron hallazgos fiscales por $4.642 millones”, relacionados con un contrato interadministrativo suscrito para evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos del archipiélago por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, así como para la recolección de muestras en el marco de un proyecto orientado a la recuperación de estos ecosistemas.

El contrato, firmado el 28 de noviembre de 2023 entre CORALINA y la Asociación de Municipios de la Costa, Asomucosta, derivó en un hallazgo administrativo con connotación fiscal por $3.000 millones. Según la Contraloría, se identificaron falencias en los estudios previos, así como falta de especificaciones en materiales y equipos requeridos.

En ese sentido, el informe señala que “se evidenciaron falencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales”, lo que afectó la trazabilidad del valor estimado del contrato. Entre los ejemplos mencionados, se indica que, aunque se contemplaban costos de lancha y operación logística, “no se indica el número de lanchas necesarias, ni se detalla la operación logística relacionada”.

Adicionalmente, se evidenció la ausencia de especificaciones técnicas en insumos necesarios para la ejecución del proyecto. “Tampoco se especifica la cantidad de ungüento y amoxicilina para el desarrollo de la expedición, ni los materiales que se requieren, cantidades o especificaciones técnicas”, señala el documento.

La Contraloría también identificó ítems no ejecutados dentro del contrato. Entre ellos, la contratación de biólogos que, aunque debía estar a cargo del contratista Asomucosta, fueron vinculados directamente por la Corporación, pese a lo cual se efectuaron los pagos correspondientes. Asimismo, se detectó que una propuesta del contratista incluía un vuelo y acomodación PIMS (Bahamas – Archipiélago – Bahamas), lo cual no estaba contemplado en los estudios previos.

En materia de pagos, el ente de control reportó inconsistencias por $1.949 millones en distintos servicios durante la ejecución contractual. En total, “se evidenciaron desembolsos por concepto de ítems no ejecutados, no soportados o con inconsistencias por $3 mil millones”.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría estableció 20 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen connotación fiscal por $4.642 millones, 15 presentan posible incidencia disciplinaria y dos podrían tener incidencia penal. Además, se definieron dos beneficios de auditoría por $107.178.362.

El ente de control concluyó que estos hechos reflejan debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual, así como en los mecanismos de control y seguimiento. En ese contexto, reiteró que “la vigilancia y el control fiscal constituyen herramientas esenciales para prevenir el detrimento patrimonial, detectar oportunamente irregularidades y garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad”.