Consejo Gremial, Asobancaria y Asofondos respaldan resultados de las elecciones y piden respeto institucional

Representantes de importantes organizaciones del sector empresarial colombiano manifestaron su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude internacional en las elecciones presidenciales y reiteraron su respaldo a los resultados oficiales del proceso electoral.

La presidente del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que las afirmaciones realizadas por el jefe de Estado constituyen un hecho de especial gravedad desde el punto de vista político y jurídico. Según indicó, las declaraciones desconocen la institucionalidad democrática y generan preocupación por sus posibles efectos sobre la confianza ciudadana.

Gutiérrez también cuestionó las referencias del mandatario a la desobediencia civil y sostuvo que este tipo de expresiones contribuyen a profundizar la confrontación política y social en el país.

La dirigente gremial señaló que el presidente aseguró, sin presentar pruebas, que la elección presidencial habría sido alterada mediante un fraude internacional y que, además, desconoció al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para reconocer una supuesta victoria de Iván Cepeda.

En su pronunciamiento, la presidente del Consejo Gremial sostuvo que esas afirmaciones desconocen la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y carecen de sustento dentro del marco democrático.

El gremio insistió en que la legitimidad de los resultados electorales debe sustentarse en las decisiones adoptadas por las autoridades competentes y en los procedimientos previstos por la legislación colombiana.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) también se pronunció sobre la controversia y rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 21 de junio.

La organización manifestó que desconocer los resultados oficiales representa un riesgo para la estabilidad institucional y democrática del país, al poner en entredicho una decisión adoptada mediante los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Asobancaria recordó que la elección de Abelardo De la Espriella fue verificada y declarada oficialmente por las autoridades electorales una vez concluyó el proceso de escrutinio contemplado en la ley, el cual contó con el acompañamiento de misiones de observación y veedurías internacionales.

Asimismo, el gremio enfatizó que cualquier inconformidad frente a un proceso electoral debe tramitarse ante las instancias competentes y mediante los recursos previstos en la Constitución y la ley.

A las voces del Consejo Gremial y Asobancaria se sumó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que hizo un llamado a la sociedad para reconocer la validez de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

El gremio reiteró que los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral constituyen la expresión de la voluntad democrática de los ciudadanos y representan el fundamento de la legitimidad del proceso electoral.

En su pronunciamiento, Asofondos insistió en la importancia de respetar la Constitución Política, el Estado de derecho y los mecanismos institucionales previstos para resolver cualquier diferencia relacionada con los procesos electorales.

La organización señaló que preservar la estabilidad jurídica, la gobernabilidad y la confianza en las instituciones resulta fundamental para el funcionamiento democrático del país.

Es de indicar que los gremios coincidieron en destacar la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y de preservar la confianza en los organismos encargados de garantizar la transparencia de los procesos electorales.

Asimismo, hicieron un llamado a los distintos actores políticos y sociales para actuar dentro del marco constitucional y priorizar la estabilidad del país mediante el respeto a las normas y a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho, al considerar que estos principios constituyen pilares esenciales para la democracia colombiana y para el desarrollo económico y social del país.