Consejo de Estado rechazó la pérdida de investidura de Isabel Zuleta por caso del tarimazo

El Consejo de Estado decidió negar las solicitudes que pretendían retirar la investidura de la senadora Isabel Zuleta, tras la polémica que surgió por su participación en la organización del llamado “tarimazo”.

Fue un evento realizado en Medellín en junio de 2025, donde participó el presidente Petro y se vio en tarima a diferentes cabecillas como alias "Douglas" que hacían parte de la mesa de paz urbana, una de las críticas más fuertes fue que en el evento se denunciaron buses que llegaron con diferentes personas que al parecer hacían parte de grupos armados.

Las acciones judiciales contra Zuleta sostenían que la congresista habría incurrido en tráfico de influencias y en la violación del régimen de incompatibilidades, al gestionar ante el Inpec el traslado de 23 cabecillas de estructuras criminales que se encontraban recluidos en la cárcel de Itagüí.

Como se dijo al inicio, el objetivo de dicha gestión era permitir su presencia en un acto público liderado por el presidente Gustavo Petro, en el marco de los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno. Por todo esto, el alto tribunal analizó los argumentos presentados por los demandantes, quienes aseguraban que Zuleta utilizó su posición como Congresista para influir en la autorización de estos traslados.

No obstante, se concluyó que no existían pruebas que demostraran que la senadora hubiera invocado su investidura para incidir en la decisión administrativa adoptada por las autoridades penitenciarias.

Por el contrario, la corporación estableció que la actuación de Zuleta se dio en su condición de coordinadora delegada de un espacio de conversación sociojurídico con estructuras criminales, un rol oficial asignado dentro de la política de paz del Gobierno nacional. En ese sentido, determinó que sus gestiones estuvieron relacionadas con funciones propias de ese encargo y no con intereses particulares.

En su decisión, el Consejo de Estado también indicó que no se evidenció la existencia de un 'influjo psicológico' sobre los funcionarios públicos ni la obtención de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias. De igual forma, descartó que se hubiera presentado una vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que las actuaciones estaban vinculadas a procesos de paz.

Como se adelantó al inicio, los hechos que originaron la controversia ocurrieron en 2023 en el Centro Administrativo La Alpujarra de la capital antioqueña, donde se llevó a cabo el evento en el que participaron varios líderes de estructuras criminales que fueron trasladados temporalmente desde prisión.

Según se estableció en el expediente, la solicitud de traslado fue radicada el 19 de junio de 2025 y en ella Zuleta se presentó exclusivamente en su calidad de coordinadora del proceso de diálogo, sin hacer referencia a su condición de senadora, este elemento fue clave para que el tribunal descartara el uso indebido del cargo.

En consecuencia, el El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura y ordenó comunicar la decisión a distintas entidades, entre ellas la Mesa Directiva del Senado y el Consejo Nacional Electoral, para lo de su competencia. Sin embargo, el episodio no quedó completamente cerrado, ya que por estos mismos hechos la senadora continuó vinculada a una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia.

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